Ayer comenzaba oficialmente la campaña de vacunación contra la gripe A en los territorios de Hego Euskal Herria. En Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa se inició la semana pasada. Aunque las informaciones oficiales hablan de normalidad, apenas se esfuerzan por ocultar un dato revelador: la escasa afluencia de voluntarios a los centros de salud para recibir la vacuna. Meses después de la potente eclosión informativa del fenómeno, conocido al principio como «gripe porcina», la población parece haberse dado cuenta de que la alarma social suscitada no se corresponde, de momento, con la realidad de la enfermedad.

Una realidad que habla de un virus al que hay que tomar en serio, pero que aún así provoca una mortalidad muy inferior a la que cada año se asocia a la gripe conocida como «estacional». A pesar de ello, los medios de comunicación, y también las instituciones (ayer mismo el Ministerio español de Sanidad informaba de que la gripe A ha causado 88 muertes en el Estado español, sin aportar datos sobre el número de muertes que otros años causa la gripe estacional) siguen magnificando el volumen de los fallecimientos. Informan de cada muerte, creando una forzada imagen de epidemia que algunos expertos no se cansan de cuestionar, pero que ha tenido como efecto -deseado o no- la justificación de una vacunación masiva sobre la que los profesionales de la salud no se ponen, ni mucho menos, de acuerdo.

Y así, mientras muchos médicos siguen desaconsejando la vacunación, las instituciones no han dudado en apostar por la solución más controvertida: vacunar a un amplio porcentaje de la sociedad sin que todavía se disponga de la certeza científica de que es lo más adecuado. La más controvertida, y la más cara. En el Estado español se repartirán 38 millones de dosis, un negocio de jugosas proporciones para la industria farmacéutica y una inversión pública más que cuestionable en los tiempos de crisis que atravesamos.