La posibilidad de que José Diego Yllanes sea condenado por «asesinato» sigue abierta tras la confirmación de que la familia recurrirá la sentencia anticipada el viernes por el jurado popular. Otras acusaciones pueden seguirle, y es que el veredicto de los nueve miembros del tribunal popular ha provocado una notable incomprensión.

Sin necesidad de salir de la Audiencia de Iruñea, donde se ha juzgado la muerte de la joven de Irun, se pueden hallar dos precedentes en que instancias superiores han corregido el dictamen inicial del jurado. La más conocida fue la del proceso por la muerte del panadero de Iruñea Angel Berrueta, producida el 13 de marzo de 2004 tras una riña iniciada por Pilar Rubio, mujer de un policía español.

En su día, el jurado popular no sólo determinó que su marido, el policía Valeriano de la Peña, y su hijo, José Miguel de la Peña, eran los autores materiales del crimen, sino que añadieron que Rubio era culpable de «proposición de asesinato», por lo que se le impuso una condena de diez años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa anuló esta última pena al aceptar el criterio del fiscal, Javier Muñoz, de que «alentar a cometer un acto no es nada jurídicamente». El Tribunal Supremo español confirmó después la exculpación.

La calificación del jurado también fue corregida por el TSJN en el caso de la condena a un ciudadano marroquí llamado Mohamed Hanfaouir, que en 1999 robó y mató a una vecina de Iruñea de 73 años golpeándola con un cenicero. En este caso también estaba en juego si el caso se tipificaba como «asesinato» o como «homicidio», como ocurre en el de Laffage. Los ciudadanos que lo juzgaron entendieron que se trataba de un «asesinato con alevosía», por lo que se le condenó a 22 años de cárcel. Sin embargo, el TSJN consideró que no se había producido «alevosía» y que la muerte debía considerarse sólo como homicidio, con lo que redujo la pena en trece años. El Supremo dio finalmente la razón al jurado y volvió a elevar la condena.

«No fue en un segundo»

Tres días después de conocerse las respuestas del jurado, la madre de Laffage, Asun Casasola, compareció ayer en el Ayuntamiento de Irun, afectada por el inesperado resultado de la vista. Incidió en su incomprensión, porque tiene claro que se trató de un «asesinato» y que además no existen las circunstancias atenuantes que se plantean. Si el juez las validara, José Diego Yllanes podría ser condenado a sólo siete años de cárcel y seguramente estaría en libertad en torno a 2012 ó 2013.

La clave para restringir el delito a homicidio está en que el jurado ha dado credibilidad a la tesis de la defensa, que pone en duda que hubiera una agresión continuada a la joven, pese a que entre medio se recibió una llamada de auxilio al 112 en la que Casasola tiene claro que la voz que se oye es la de su hija. «Eso no fue un acto de un segundo, sino de varias horas», insistió ayer. En su opinión, «el jurado no ha seguido lo que eran las pruebas, que son imparciales, sino que se ha basado en lo que ha explicado él, en su versión. Y nadie sabe lo que pensaba Nagore».

Recordó además que Yllanes «no confesó el crimen porque le estuvieron buscando durante todo el día hasta ser detenido por la noche», que sólo estaba influido por el alcohol de modo leve y que la cantidad aportada supuestamente para reparar el daño «se depositó en el juzgado un día antes» del juicio. «La familia no ha sido reparada moralmente en ningún momento», añadió. La madre de Yllanes cruzó algunas palabras con la de Laffage por vez primera durante esta vista oral.

La polémica levantada por la decisión fue admitida ayer hasta por los máximos responsables de la Audiencia de Iruñea. Su presidente, Juan Manuel Fernández, dijo que la crítica al dictamen del jurado es «perfectamente legítima». Quiso recor- dar que se trata de personas «legas en Derecho», por lo que propuso un sistema mixto.