La Fiscalía pedirá más de 200 años de cárcel para los piratas detenidos
El juez Santiago Pedraz ha acelerado los ritmos en el proceso abierto contra los dos piratas detenidos, y el juicio por su supuesta participación en el secuestro del «Alakrana» podría celebrarse en dos semanas. Frente a la propuesta que hizo el abogado de uno de ellos, para que ambos puedan ser expulsados a Somalia, la Fiscalía filtró ayer que rechaza cualquier acuerdo y que pedirá condenas de al menos 200 años.
GARA |
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española rechaza alcanzar un acuerdo de conformidad con las defensas de los dos supuestos piratas detenidos en relación al secuestro del «Alakrana» que posibilite su expulsión a Somalia, y pedirá para ellos penas que previsiblemente superarán los 200 años de cárcel.
Así lo anunciaron ayer fuentes jurídicas a diversas agencias de comunicación, precisando que el escrito de acusación en el que se solicitará la pena exacta para los dos jóvenes somalíes se presentará una vez que Santiago Pedraz acuerde la conclusión del sumario. En un auto, este juez les procesó ayer por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, y les retiró la acusación de asociación ilícita.
La retirada de esta última acusación alimentó las especulaciones sobre una posible expulsión de ambos piratas tras el juicio -ya que una condena por asociación ilícita haría imposible esa expulsión-, pero la posterior filtración sobre la petición fiscal puso en duda esta opción.
Y es que, para que puedan ser expulsados, en base al artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, la condena por el delito más grave debe ser inferior a los seis años, y cada delito de detención ilegal está castigado con penas de entre 6 y 10 años de cárcel, lo que haría imposible la aplicación de este artículo. De hecho, las mismas fuentes jurídicas apuntaron que para el Ministerio Fiscal «no hay causa legal» para aplicar la Ley de Extranjería.
Según avanzaron, la Fiscalía «no se apartará ni un milímetro de la vocación de hacer justicia», y no tiene ninguna intención de alcanzar un acuerdo que pueda facilitar la expulsión. Así, partiendo de que cada uno de los 36 delitos de detención ilegal puede ser penado con entre 6 y 10 años, y que el delito de robo con violencia y uso de armas se castiga con condenas de tres años y medio a cinco de cárcel, la pena mínima que podría solicitar sería de 219 años y medio, y la máxima, de 365 años.
Exigencia de los piratas
En este contexto, la tripulación del «Alakrana» cumple hoy 47 días secuestrada, y los piratas advirtieron de que no liberarán a los marineros hasta que sus dos compañeros vuelvan a Somalia. Hace unos días, el abogado de uno de ellos puso sobre la mesa la opción de que tras el juicio pudieran ser expulsados para cumplir la condena en su país, pero los últimos pronunciamientos oficiales parecen querer cerrar esta posibilidad.
De esta forma, según otras fuentes jurídicas citadas por la agencia Efe, las posibilidades para que los detenidos regresaran a Somalia pasarían por un indulto del Gobierno español o que se alcanzara un acuerdo expreso con el país africano para que cumplieran allí la condena.
Tras el auto de procesamiento emitido ayer por Pedraz, el juez podría concluir el sumario el miércoles, lo que permitiría a la Fiscalía presentar su escrito de acusaciones el jueves o el viernes, y el juicio podría celebrarse en dos semanas.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, expresó su «máximo respeto» a la actuación del juez y de la Fiscalía, y señaló que éste «no es un procedimiento `ad hoc'», sino que es «el procedimiento previsto según las leyes».
El diputado del PNV Emilio Olabarria preguntará mañana al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la sesión de control al Gobierno que cada semana se celebra en el Congreso español, si «son ciertas las informaciones periodístico-judiciales que apuntan al Gobierno español y vasco como responsables últimos» de la decisión de llevar a Madrid a los dos somalíes detenidos tras el secuestro del «Alakrana». Olabarria, que tenía previsto realizar otra pregunta al ministro, ha decidido cambiarla tras hacerse públicas varias informaciones, como la publicada por GARA en su edición del sábado, que apuntan a la intervención tanto del Gobierno español como del lehendakari, Patxi López, en la decisión de detener y trasladar a los dos supuestos piratas.
Tal como publicó este diario, el mandatario autonómico habría instado a la vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega a enviar a los piratas un mensaje de firmeza. Concretamente, según pudo saber GARA de fuentes parlamentarias, López transmitió que la sociedad vasca demandaba «un escarmiento».
El viernes, por otra parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, hizo público un comunicado en el que señalaba que el tribunal especial no había actuado de oficio en este caso, sino a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Por ello, el diputado jeltzale y portavoz en materia de Justicia, señaló ayer que «una vez analizado el comunicado emitido por la Audiencia Nacional, así como diversas informaciones de varios medios de comunicación de este fin de semana», preguntará a Caamaño sobre esta cuestión. GARA
