Los beneficiarios de subvenciones no podrán realizar donaciones en favor de partidos políticos ni de fundaciones o asociaciones vinculadas a estas formaciones, según acordó ayer la Generalitat para evitar fraudes como el detectado en el Palau de la Música.

Ante los hechos delictivos que se han producido en el Palau de la Música, los consellers de Economía, Cultura y Justicia, Antoni Castells, Joan Manuel Tresserras y Montserrat Tura, respectivamente, acordaron 16 medidas, que propondrán al Govern con el objetivo de evitar que se vuelvan a producir hechos similares.

«Con estas medidas se pretende aumentar la transparencia en el funcionamiento de las entidades y facilitar el acceso a la Generalitat; plantear requisitos añadidos para obtener subvenciones, introducir mejoras en el buen gobierno de las fundaciones, y reforzar los mecanismos de control de la Intervención General de la Generalitat», dijo Tresserras. Castells subrayó que «ante los hechos delictivos que se han producido en el Palau, el Govern no puede permanecer insensible y todos debemos extraer lecciones de lo que ha pasado».

Las medidas se clasifican en dos ámbitos: aquellas que afectan a todas las entidades que reciben subvenciones de la Generalitat y las referidas específicamente a las fundaciones y a las asociaciones que se encuentran bajo el protectorado de la administración catalana.

Información

Con el objetivo de aumentar la transparencia de las entidades, la Generalitat, explicó Castells, podrá «requerir información al destinatario final de los fondos, aunque no sea el titular inicial de la subvención, y los beneficiarios deberán proporcionar más información sobre su relación con terceros».

Además de prohibir a quienes se benefician de subvenciones públicas el realizar donaciones a partidos políticos, fundaciones o asociaciones que estén vinculadas a estas formaciones, entre las medidas figura también la de «limitar la cuantía de las donaciones, aportaciones o prestaciones gratuitas que podrán realizar los beneficiarios de subvenciones».

En ese mismo marco, el conseller de Economía argumentó que «tampoco se concederán subvenciones a entidades cuyos directivos perciban retribuciones que se consideren manifiestamente desproporcionadas». La concreción de los límites de estas retribuciones desproporcionadas se realizarán cuando estas medidas tengan una traducción normativa, anunció Castells.