La Corte Constitucional de Rusia se pronunció en contra de la reanudación de las ejecuciones después del 1 de enero, fecha de vencimiento de la moratoria decretada por el Gobierno contra la pena capital. La última vez que se aplicó fue en 1996.

Ese año, tras adherirse al Consejo de Europa, Rusia firmó el Protocolo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, sobre la abolición de la pena capital, pero el documento nunca fue ratificado por el Parlamento.

La cuestión depende ahora del partido Rusia Unida, mayoritario en la Duma, y de su poderoso jefe, el primer ministro Vladimir Putin.