La Coordinadora Anti-Coke se concentrará hoy, a partir de las 12.30, en la puerta de acceso a la refinería de Petronor para exigir a los responsables del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Gasteiz que se haga una inspección «seria» de las instalaciones de cara a garantizar la seguridad de los vecinos del entorno y de los propios trabajadores. La plataforma ciudadana considera que los técnicos tienen la obligación de vigilar que el complejo petroquímico cumple con las condiciones impuestas por Lakua para que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) pase de ser diferida a definitiva.

«La Coordinadora no va a aceptar que las inspecciones se transformen en meros actos burocráticos para conceder los permisos de los que hasta ahora ha carecido la refinería», argumentan los vecinos. Desde el colectivo apuestan por que los inspectores de Medio Ambiente cer- tifiquen «fehacientemente y una por una» todas las condiciones impuestas en la AAI que se le otorgó el 6 de mayo de 2008 a la filial de Repsol para «legalizar» un complejo con cuatro décadas en marcha.

Los opositores han impulsado cuatro recursos contenciosos administrativos contra las autorizaciones que ha venido otorgando Lakua a Petronor para «legalizar» la refinería y construir la Unidad de Reducción de Fueloil (URF), así como contra las licencias concedidas por los ayuntamientos de Abanto y Muskiz. Los dos primeros se tramitan en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y los dos segundos en el Juzgado Contencioso número 4 de Bilbo.

No son las únicas iniciativas, ya que la Coordinadora ha promovido también una queja ante la Comisión Europea, que se encuentra en una fase de tramitación avanzada y por la que el Gobierno español ha debido dar explicaciones por las autorizaciones concedidas. Asimismo, se ha iniciado otra queja ante el Banco Europeo de Inversiones, en protesta por el préstamo otorgado a Petronor. Los ecologistas estiman que no se le pueden conceder, al no tener legalizada su situación.

Además, integrantes de esta coordinadora han presentado ante el Tribunal Supremo español una denuncia contra el permiso que hará posible que la compañía que preside Josu Jon Imaz construya tendidos eléctricos para suministrar energía al complejo petroquímico.