La ofensiva española contra la independencia kosovar choca con EEUU en el Tribunal de La Haya
El Estado español y Rusia mostraron su oposición a la independencia de Kosovo en la sesión de ayer del Tribunal Internacional de Justicia (CIJ), que analiza su legalidad. Moscú y Madrid se ampararon en la defensa de la legalidad internacional para intentar evitar que las naciones a las que someten tengan un nuevo referente. EEUU, en cambio, realizó un análisis totalmente opuesto de la legalidad internacional y defendió la independencia kosovar.
GARA | LA HAYA
EEUU reclamó al Tribunal Internacional de Justicia (CIJ, siglas en francés) que se muestre favorable a la independencia de Kosovo, mientras que Rusia, aliada de Belgrado, reclamó que se retomen las negociaciones sobre el estatus de este territorio. El Estado español coincidió con las tesis de Moscú, destacando que la declaración de independencia kosovar no se ajusta a la legalidad internacional.
Más allá de la cuestión legal, Madrid no quiere que se dé carta de naturaleza a una vía por la que territorios que no tuvieron el rango de república en Yugoslavia puedan acceder a la independencia, ya que teme el efecto dominó que se pueda trasla- dar a las naciones bajo su control.
«España está convencida de que la declaración unilateral de independencia de Kosovo, proclamada por sus instituciones provisionales de Gobierno, no es acorde con el derecho internacional ni con el principio de soberanía e integridad territorial de Serbia», mantuvo la consejera legal del Ministerio español de Exteriores, Concepción Escobar.
Junto a ello, el Estado español argumentó que al declararse independiente, Kosovo asumió competencias que correspondían al Consejo de Seguridad de la ONU, ya que, en su opinión, correspondería a este órgano y «no a las instituciones provisionales de Pristina decidir sobre el estatus político final» del territorio.
«La resolución 1.244 [de la ONU, de 1999] sigue vigente a menos que el Consejo de Seguridad asevere lo contrario», declaró Escobar.
En esta línea argumentó que esa resolución, por medio de la cual Kosovo pasaba en 1999 a estar bajo administración internacional de la ONU, establecía el autogobierno de Pristina dentro del marco territorial de Serbia, «preservando la soberanía y la integridad territorial».
El objetivo de esta resolución era acabar con el levantamiento de los guerrilleros albanokosovares del UÇK frente al Ejército yugoslavo, formado ya únicamente por Serbia y Montenegro.
El Estado español rechazó el argumento de los estados favorables a la independencia de Kosovo de que esa declaración era la única salida posible para mantener la estabilidad y la paz en la región.
A juicio de Escobar, la situación se solucionó con la administración de la ONU, aunque reconoció que en Kosovo se cometieron violaciones de derechos humanos contra la mayoría albaneses. «Desde entonces, no se produjeron nuevos hechos que justificaran el derecho de secesión», añadió.
La visión de EEUU fue completamente opuesta a la del Estado español, ya que el delegado de Washington, Harold Hongju Koh, destacó que «la declaración unilateral de independencia supuso el punto final necesario y estabilizador a un capítulo turbulento de la historia del Oeste de los Balcanes».
Tras subrayar que la independencia de Kosovo respeta la legislación internacional, Hongju Koh destacó que «la cuestión es saber si quieren perpetuar este pasado trágico o dejar que Kosovo se dirija hacia un futuro prometedor».
«El hecho de que las negociaciones no hayan concluido con un resultado no significa que las negociaciones deban ser consideradas como terminadas», afirmó el jefe de la delegación rusa, Kiril Gevorgian.
«Ninguna acción unilateral puede ser considerada como un acuerdo final» para acabar con la resolución 1.244, «que salvaguarda la integridad de Serbia y que sigue en vigor», destacó el embajador ruso en los Países Bajos, que defendió la postura de Belgrado de volver a negociar el estatus de Kosovo.
Rusia: «Desafío a la ONU»
A juicio de Gevorgian, «cualquier intento de poner en cuestión el régimen establecido por la resolución constituye un desafío al Consejo de Seguridad de la ONU, lo que sólo puede se calificado como inaceptable».
«La resolución 1.244 ha funcionado», aseguró en cambio el representante de EEUU, «ya que ha permitido la independencia de Kosovo».
«Hoy, cerca de dos años después, vemos que la declaración unilateral de independencia constituye el proceso final que pone término a la desintegración de Yugoslavia», dijo Hongju Koh.
En el primer día de audiencias, el 1 de diciembre, Belgrado afirmó que la declaración de independencia de Kosovo era «un desafío para el orden jurídico fundado sobre el principio de la soberanía de los estados» y una violación de su soberanía territorial.
«La independencia de Kosovo es irreversible y así se quedará», aseguró, por su parte, ese mismo día, el ministro kosovar de Exteriores, Skender Hyseni.
Un total de 63 estados, entre los que se encuentran 22 de los 27 miembros de la UE, han reconocido ya la independencia kosovar.
A juicio del Estado español, «el silencio del Consejo de Seguridad» respecto a la declaración de independencia «no puede ser visto como ninguna forma de aceptación» por parte de ese órgano de la ONU, sino más bien como «un efecto de la falta de consenso» en el seno de esa organización.
El CIJ celebra desde el pasado 1 de diciembre una serie de audiencias orales en las que una treintena de países exponen sus argumentos a favor o en contra de la legalidad de la independencia de Kosovo.
Al final de las mismas y tras el correspondiente periodo de deliberación de los jueces a puerta cerrada, el Tribunal Internacional de Justicia emitirá lo que se conoce como «una opinión consultiva», la cual no es vinculante pero suele ser respetada por las partes dado el prestigio del que es el principal órgano judicial de la ONU.
La resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU (1999) autorizó la administración internacional de Kosovo, entonces provincia yugoslava, ante las conculcaciones de derechos humanos de la mayoría albanesa por parte serbia.
En este periodo, la administración del territorio quedó en manos de una misión de la ONU, la MINUK, mientras que la seguridad correspondía a una fuerza militar multinacional, la KFOR, separándose cada vez más de Serbia y Montenegro.
El Gobierno albanokosovar de Pristina proclamó su independencia unilateralmente. Para entonces, las relaciones entre Belgrado y Pristina eran inexistentes y Serbia y Kosovo funcionaban en la práctica independientemente.
El Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de la ONU y tiene su sede el Palacio de la Paz de La Haya (Países Bajos). Comenzó a funcionar en 1946, tomando el relevo del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que tenía la misma sede desde 1922. Se rige por un estatuto que forma parte de la Carta de Naciones Unidas.
El CIJ tiene una doble misión: resolver conforme al derecho internacional las diferencias de orden jurídico que le presentan los estados y ofrecer recomendaciones consultivas a cuestiones planteadas por los órganos o instituciones especializadas de la ONU.
El tribunal se compone de quince jueces elegidos para un periodo de nueve años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. No puede haber más de un miembro por país. Se renueva por tercios cada tres años y los jueces, que no representan a sus gobiernos sino que están considerados como independientes, pueden ser reelegidos.
La composición actual del CIJ es la siguiente: el presidente, Hisashi Owada (Japón); el vicepresidente, Peter Tomka (Eslovaquia); y los jueces Shi Jiuyong (China), Abdul Koroma (Sierra Leona), Awn Shawkat al-Jasawneh (Jordania), Thomas Buergenthal (EEUU), Bruno Simma (Alemania), Ronny Abraham (Estado francés), Kenneth Keith (Nueva Zelanda), Bernardo Sepúlveda-Amor (México), Mohammed Bennouna (Marruecos), Leonid Skotnikov (Rusia), Antonio Cançado Trindade (Brasil), Abdulqawi Yusuf (Somalia) y Christopher Greenwood (Gran Bretaña). El secretario del Tribunal es Philippe Couvreur, de nacionalidad belga, y la subsecretaria, Thérèse de Saint Phalle, de nacionalidad francesa y estadounidense.
En el caso del análisis sobre la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo, responde a un requerimiento aprobado por la Asamblea General de la ONU en octubre de 2008 a instancias de Serbia.
Tras la fase oral que comenzó el 1 de diciembre y concluirá el día 11, el tribunal se reunirá a puerta cerrada para deliberar sobre lo expuesto por los 28 estados, además de los autores de la declaración de independencia, que comparecerán. El veredicto se dará a conocer en audiencia pública y no es recurrible. Si uno de los estados que se han sometido al CIJ no acepta la ejecución del veredicto, la otra parte puede acudir al Consejo de Seguridad de la ONU.
En cualquier caso, los veredictos del CIJ no son vinculantes, sino consultivos. Sin embargo, debido al prestigio de la institución resulta complicado no ponerlos en práctica.
Entre las cuestiones que ha tratado el CIJ en su historia se encuentran las diferencias por la frontera marítima entre Perú y Chile, el conflicto por una papelera en el río Uruguay entre Argentina y Uruguay, diferencias territoriales y marítimas entre Nicaragua y Honduras, la fumigación aérea de herbicidas entre Ecuador y Colombia o la aplicación del convenio para la prevención y represión del crimen de genocidio entre Serbia y Croacia.GARA
El representante de la Comisión Europea en Kosovo, Kjartan Bjornsson, denunció que la corrupción alcanza a todos los sectores de la sociedad de este territorio durante la presentación de un informe destinado a luchar contra este fenómeno.
