El área de Jubilados y Pensionistas de LAB iniciará una campaña para reclamar una Seguridad Social propia que garantice las pensiones públicas, según indicaron ayer responsables de ese área con Bea Martxueta, secretaria de Política Social del sindicato abertzale, a la cabeza. Así, el próximo día 17 se concentrará ante las oficinas de la Seguridad Social para reclamar ante los Gobiernos de Lakua e Iruñea «el blindaje de las pensiones de los trabajadores vascos» y pedir que se realice «un plan de choque para que se deje de jugar con el miedo y el alarmismo para beneficios de unos pocos».

Para esta central sindical, «el sistema de pensiones de reparto es viable, factible y necesario, pero se tiene que blindar desde esa realidad económica y sociolaboral, porque no queremos que las pensiones, que es nuestro salario diferido, lo gestionen ni la CEOE, ni CCOO ni UGT ni el Gobierno español, sino nosotros. No aceptamos recortes».

LAB sale al paso del debate que, una vez más, ha salido a la luz sobre el futuro de las pensiones y el recorte de las mismas a través de aumentar los años de cotización mínima necesaria, la prolongación de la vida laboral, etc. A su juicio, el problema no se encuentra en la viabilidad económica del sistema actual de reparto, sino que los promotores de los fondos privados están «metiendo miedo» para «hacerse con el ahorro público y el salario diferido en forma de pensiones para poder seguir la senda de la especulación financiera».

Problema político

La central sindical que lidera Ainhoa Etxaide destaca que «no es un problema de financiación del sistema, es un problema político -cómo y para qué se invierten los ingresos que pagamos con nuestros impuestos- y es un problema de intereses, sobre todo de la banca».

En su opinión, el Pacto de Toledo «dejó abierta la puerta de los sistemas mixtos» y, a partir de ahí, se ha reformado «para empeorarlo y favorecer los sistemas de capitalización». LAB denuncia que en estos últimos años «se han caído las caretas y hemos asistido a una ofensiva sin precedentes contra el sistema público por parte del Banco de España, BBVA y demás intereses financieros».

Para evitar esa privatización de las pensiones, reclama cambios en la política de empleo, en la política presupuestaria con incrementos sustanciales del gasto público en pensiones para equipararlo a la media europea, y en la política fiscal, para que se base en los principios de justicia y progresividad». Esos objetivos, explicaron ayer, permitirían «garantizar aquí y ahora nuestras pensiones».

El área de Jubilados y Pensionistas de LAB reclama que se garantice «una renta mínima por encima del umbral de la pobreza, tanto para las personas que no pueden acceder a un empleo como aquellas personas en edad de jubilación».

También cree que se debe fijar una pensión mínima más allá del umbral de la pobreza, que ascienda a 1.050 euros. La «creación urgente» de un fondo de garantía con las cuotas y el presupuesto público necesario.

Otro elemento de interés es la creación de una red pública de servicios sociales de calidad financiada con presupuesto público y, a la vez, que demanda que se eliminen las ayudas fiscalesa los fondos de pensiones.