Las jóvenes de 16 y 17 años deberán notificar a sus padres su intención de abortar. Así ha quedado recogido en el dictamen del proyecto de ley que reforma la legislación sobre el aborto y que fue aprobado ayer en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados del Estado español. Además de esta enmienda, liderada por el PNV y que tiene algunas excepciones, la nueva ley también recoge novedades como la creación de un registro de objetores de conciencia o la incorporación de la educación sexual y el aborto en la enseñanza.

La obligación de informar a los tutores legales choca con la Ley de Autonomía del Paciente, que sitúa la mayoríá de edad en los 16 años. De esta manera, cualquier persona que cuente con esta edad sólo necesitaría prestar su consentimiento para realizar una intervención médica, excepto para la interrupción de un embarazo no deseado.

La enmienda ha sido introducida para lograr el apoyo del PNV, y la negociación ha dado pie al final a una redacción difusa. Mientras que por escrito se recoge que la única opción de las menores para no informar a sus progenitores es «alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles un peligro cierto de violencia intra- familiar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo», el PSOE aseguraba después que en la práctica bastará con que la menor explique al médico que vive una situación conflictiva en casa.

Begoña Zabala, militante de Emakume Internazionalistak, muestra a GARA sus reparos ante esta enmienda e insiste en que queda por ver que tipo de procedimiento se empleará a la hora de limitar la obligatoriedad de informar a los tutores.

Objeción de conciencia

La Ley del Aborto incorporará asimismo la creación de un registro de objetores de conciencia, con la novedad de que sólo podrán inscribirse los profesionales sanitarios que tengan relación directa con la interrupción del embarazo, lo que re- duce la posibilidad de objetar a médicos y enfermeras. Y es que, como recuerda Begoña Zabala, hasta ahora la objeción llegaba a límites desorbitados, como la negativa a servir comidas o limpiar las habitaciones de mujeres que querían interrumpir su embarazo.

Esta enmienda, pactada por el PSOE con el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV trata de garantizar que ningún centro deje de practicar abortos por objeciones masivas no personalizadas y por eso se recoge la objeción de conciencia como un derecho individual. Así, pese a que individualmente se les acepta a los profesionales sanitarios negarse a practicar abortos, colectivamente el hospital está obligado a realizar esta prestación. De esta forma, en el caso de que toda la plantilla se negara a realizar la interrupción del embarazo el centro estaría obligado a contratar a más trabajadores.

El registro de objetores, en el que se deberá inscribir de forma individual, por escrito y por adelantado, pretende evitar que haya profesionales que objeten en la red pública y practiquen abortos en clínicas privadas.

Otras de las enmiendas transaccionales plasmadas en el dictamen aprobado es el compromiso para garantizar la educación sexual de los jóvenes en todos los colegios y facilitar la financiación pública de los anticonceptivos de última generación.

IU y ERC consiguieron que el PSOE asumiera que los anticonceptivos entren en la cartera de servicios del Sistema de Salud español. Esto implica que el Estado financie un 60% de su coste, como hace con los fármacos comunes de su cartera de servicios, e incluso puede que estos fármacos, que se administran con receta, sean gratuitos para determinados grupos como jóvenes o personas con rentas bajas. Esta propuesta no ha sido concretada y se dejará en manos del Consejo Territorial, ya que en caso contrario precisaría una memoria económica.

Aún está por decidir qué anticonceptivos entrarán dentro de este grupo.

Con el objeto de convertir la llamada Ley del Aborto en una norma integral que incluya los aspectos de la salud reproductiva, sexual y los de preven- ción, las enmiendas aprobadas tratan de garantizar que la educación sexual figure en los programas educativos, en todas las comunidades y en los centros públicos, privados y concertados. En teoría ya consta de forma genérica en la Ley Orgánica de Educación, pero, en la práctica, recibir esa educación es cuestión de suerte, ya que se aplica de diferente forma dependiendo del centro o el territorio.

El jueves llega al Pleno

El proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo superó su paso por la Comisión de Igualdad con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y la abstención de CiU, y llegará el jueves al Pleno del Congreso español para ser enviado al Senado antes de las vacaciones de Navidad.

Durante su intervención en la Comisión, la representante del PSOE Carmen Montón defendió que «la capacidad de decidir es de las mujeres jóvenes», mientras el PP aseveraba que «no le sirven ni fórmulas intermedias ni pretendidos lavados de cara en esta legislación».