Después de meses de retrasos, el Gobierno de Nafarroa formalizó por fin ayer el traspaso de la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de Uharte. Esta decisión es el resultado del protocolo de intenciones que lleva firmado desde febrero. En este documento, el Ayuntamiento de Uharte cede el uso del centro al Gobierno foral durante los próximos cinco años y éste, por su parte, asume su gestión y la financiación.

Las cantidades que el ejecutivo destinará al centro son 450.000 euros este año, 500.000 el año siguiente y 600.000 en el 2011. Este dinero irá a parar a la Fundación Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (CACH). Hasta la fecha este organismo estaba compuesto por miembros del Consistorio. De éstos, en el futuro sólo quedará uno, y el equipo se completará con otros ocho miembros nombrados por el departamento de Cultura y Turismo. Es otro de los resultados visibles del traslado de responsabilidades del gobierno municipal al foral.

Sin embargo, y en declaraciones a Gara, el concejal de Cultura de Uharte, Andoni Muñoz, apunta que las cantidades presupuestadas por el Ejecutivo no son suficientes, ya que los gastos de gestión corriente del centro alcanzan los 300.000 euros. Denuncia que así el Gobierno no tendrá un margen económico que le permita diseñar un proyecto expositivo propio para el centro.

La gestión de este proyecto, incluso el proyecto en sí, ha sido polémico desde sus inicios. Surgido en 2005, se creó la CACH -entre el ayuntamiento y la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística Aracea- para su financiación. Lo que se inició como la renovación de un antiguo edificio derivó en un ambicioso proyecto artístico que superaba por mucho la capacidad presupuestaria municipal. Aun así, el Ayuntamiento financió la construcción del edificio, cifrada en unos 9 millones de euros. El gobierno municipal del momento aseguraba contar con el respaldo del Ejecutivo foral, aunque ni éste determinada su implicación ni el Ayuntamiento concretaba las cifras. La gestión se cedió, vía concurso público, a la empresa privada encabezada por el coleccionista Enrique Ordónez-Falcón. Esta decisión se tradujo en un proyecto que implicaba un gasto anual de 1,2 millones de euros, cifra que ronda el 20% del gasto corriente de las arcas municipales. Por ello, en noviembre del 2007, un mes después de la inauguración oficial del centro, el Ayuntamiento de Uharte anunció la inviabilidad de su gestión y pidió al Gobierno de Nafarroa que se hiciera cargo de la misma. Esa decisión, que fue el punto de partida de las negociaciones que dieron como resultado el anuncio de ayer, vino impulsada por el cambio político en la entidad después de que en 2007 la Izquierda Abertzale y NaBai firmaran un pacto de gobierno. Es destacable que, siendo el gobierno foral el mayor defensor del proyecto de Ordóñez- Falcón cuando la gestión del centro estaba en manos municipales, su primera decisión al tomar las riendas del centro fuera anularlo.

Proyecto sobredimensionado

Respecto al convenio formalizado ayer, Muñoz incide en que ha sido un logro reducir el periodo de cesión a los cinco años, ya que el Ejecutivo foral prefería que esta fase se alargara por cincuenta años. Esta reducción fue uno de los éxitos de los la Izquierda Abertzale en las negociaciones, llevadas a cabo por todo el equipo foral. Sin embargo, no considera que el anuncio de ayer solucione el problema del Centro de Arte Contemporáneo. Acepta que, con el traspaso, el Consistorio logra deshacerse de una carga inasumible, que iba unida al proyecto Ordóñez. Sin embargo, no ve con buenos ojos la gestión que plantean desde el Gobierno. Tras analizar lo que ha demostrado en el año que lleva gestionando, en la práctica, el centro, no cree que le vaya a dar «una utilidad acorde con las necesidades de los vecinos y vecinas».

Desde un principio, la Izquierda Abertzale ha defendido que está sobredimensionado y es necesario ajustarlo a la realidad del pueblo. Muñoz siguió esta línea al reclamar que se supone que tiene que tener «una referencialidad para Uharte» y recordó que los 9 millones que ha costado han salido de los bolsillos de los vecinos. Por tanto, el traspaso por 5 años sería «un mal menor», de cara a unas futuras perspectivas mejores que posibiliten reconducir el proyecto.