Hoy comenzará, finalmente, el juicio oral por el caso «Euskaldunon Egunkaria» en la Audiencia Nacional española. En el banquillo de los acusados se sentarán cinco personas de reconocido prestigio en Euskal Herria, a quienes el tribunal especial juzga por la acusación de pertenecer a ETA. No son los primeros ni serán, desgraciadamente, los últimos ciudadanos vascos que tendrán que pasar por ese trance. O, mejor dicho, por esa cadena de vejaciones que constituyen la detención e incomunicación, los malos tratos y las torturas, la prisión preventiva, el juicio paralelo en los medios de comunicación metropolitanos, la eterna espera de un juicio que sólo por esa demora deja de ser justo, la ansiedad generada por expectativas tan humanas como falsas e interesadas y, por último, la desesperanza de ser consciente de que en el Estado español, ante casos en los que estén implicados militantes de la construcción nacional vasca, no existe razón jurídica, sino pura razón de estado.

En el Estado español la osadía y la cobardía de los poderosos tienen efectos similares, es decir, comienzan y terminan en el mismo punto: con un ciudadano vasco en el banquillo de los acusados. Si José María Aznar dijo en relación al cierre de «Egin» aquello de «creían que no nos íbamos a atrever», los periodistas encarcelados por aquel caso y el juicio de hoy demuestran que José Luis Rodríguez Zapatero no se atrevió a frenar la demencial espiral impulsada por su predecesor. Es más, la homologó y la sofisticó. El balance de su mandato no puede ser más nefasto desde el punto de vista de las garantías, los derechos humanos y las libertades.

El cierre de un periódico es uno de los atentados más graves que puede cometer un Estado. Atenta contra los derechos más básicos, contra los pilares de la democracia. España, empeñada en juzgar vascos por el hecho de serlo, no se percata de que cada juicio contra este pueblo es una prueba más de que no es una democracia.