El vivo interés de los aparatos del Estado español por torpedear el proceso de debate abierto en el seno de la izquierda abertzale quedaba de manifiesto el pasado 22 de diciembre cuando el Grupo Noticias se hacía eco del contenido de una supuesta carta de Arnaldo Otegi remitida desde Soto del Real a otro prisionero político vasco y en la que, de nuevo supuestamente, hacía una serie de valoraciones políticas que no dejaban en muy buen lugar al citado grupo periodístico. ¿Por qué? No sólo porque, de haber sido reales, habrían pertenecido al ámbito privado y protegido de la comunicación postal, sino porque, además, eran falsas. La carta nunca se escribió, nunca se envió y, por supuesto, nunca existió sino en las mugrientas cocinas de la intoxicación radicadas en Madrid.

Los cocineros responsables de tan burda perversión informativa sabían que, tarde o temprano, el engaño saldría a la luz. Pero no se lo pensaron dos veces. Contaban con la segura colaboración de unos medios de comunicación que, en todo lo referido al independentismo vasco, hace tiempo que perdieron cualquier escrúpulo a la hora de dar pábulo a filtraciones con evidente interés de manipulación informativa. Lejos de contrastar o confirmar la información, les faltó tiempo, no sólo para dar pábulo a la mentira, sino para añadirle enrevesadas y sofisticadas especulaciones de cosecha propia, y convirtiendo un simple y llano embuste en arma arrojadiza contra el independentismo.

Este episodio, uno más, viene a confirmar una realidad incontestable: los medios de comunicación no son meros observadores en el conflicto entre Euskal Herria y el Estado español. En mayor o menor medida, según los casos, se constituyen en agentes activos prestos a servir de correa de transmisión a la estrategia del Estado español, olvidando a sabiendas su sagrado compromiso con la imparcialidad y la honestidad informativas. La «carta fantasma» de Arnaldo Otegi se convierte así en todo un llamamiento a la reflexión.