La multitudinaria manifestación que el sábado recorrió las principales arterias de Bilbo en defensa de los derechos de los presos políticos vascos y en exigencia de su repatriación ha vuelto a demostrar la eficacia de la unidad de acción ante los embates represivos dirigidos por el Gobierno español y la Audiencia Nacional. Y, una vez más, ha llamado la atención a muchos agentes el comprobar cómo algunos medios de comunicación han ninguneado una demostración popular de semejante calado -para EITB, por ejemplo, prácticamente no existió-.

El contexto político en el que se ha llevado a cabo esta gran movilización popular y la forma en la que se ha tejido la respuesta al veto impuesto por el tribunal especial español a la primera convocatoria realizada por Etxerat son dos de los elementos que otorgan una dimensión política especial a la caracterización de esta primera demostración de unidad de acción política, sindical y social en este recién estrenado 2010. Una unidad de acción que no podría entenderse, por otra parte, sin los contactos previos habidos y sin otras acciones de respuesta popular similares -aunque con diferencias cualitativas- que se han llevado a cabo en los últimos meses.

Respuesta rápida y contundente

Aunque la convocatoria anual de la asociación de familiares de presos políticos vascos era conocida desde hace más de un mes, una querella de la asociación española «Dignidad y Justicia» sirvió para que la Audiencia Nacional estableciera el veto a la misma en medio de las fiestas navideñas.

Sin embargo, la respuesta política articulada a la prohibición y la celeridad de la misma han mostrado el potencial con el que se cuenta en ámbitos en los que se practica la unidad de acción. En esta ocasión han sido cinco fuerzas políticas -la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar, AB y Alternatiba- las que han adoptado un compromiso conjunto ante las imposiciones de Madrid y ante las sistemáticas vulneraciones de derechos que padecen las vascas y vascos encarcelados en prisiones españolas y francesas, suscribiendo una nueva convocatoria que perseguía los mismos objetivos que el llamamiento vetado en primera instancia: denunciar la «criminal» política penitenciaria de los estados.

Si en esta ocasión han sido cinco fuerzas políticas las protagonistas directas de esta respuesta, secundada por 44.000 personas, cabe recordar que la mayoría sindical también ha estado presente en su impulso, con el apoyo expreso de ELA, LAB, EHNE, Hiru y ESK tanto a la primera como a la segunda convocatoria. Además, movimientos y grupos tan dispares como Bilgune Feminista, Salhaketa-Araba, Bai Euskal Herriari, Elkartzen o Lokarri se sumaron a la iniciativa, y otro tanto hicieron centenares de personas a título individual.

Con la respuesta que la mayoría sindical vasca articuló ante la operación impulsada por el Ministerio de Interior con la detención de nueve militantes independentistas el pasado 13 de octubre, se comprobó que los objetivos represivos de Madrid se pueden invertir en Euskal Herria, e incluso condicionar sus consecuencias. La centralidad política con la que cuenta en estos momentos la iniciativa de la izquierda abertzale es un buen exponente de ello.

Entre aquella cita y la del pasado sábado pueden apreciarse, en cualquier caso, algunas diferencias. Por una parte, parece obvio que esta última iniciativa ha servido para constatar que se han sumado nuevas fuerzas. Por otra, hay un partido que en esta ocasión ha quedado fuera de la convocatoria y de la manifestación: el PNV. Los impulsores de la segunda convocatoria del pasado sábado no contactaron con los líderes jeltzales, ya que, según argumentaron en la rueda de prensa ofrecida el 31 de diciembre, no lo vieron lógico al no haber apoyado esa formación la convocatoria realizada por Etxerat.

El PNV sí estuvo presente en la marcha de octubre, cuando sus dirigentes territoriales recorrieron Donostia en la manifestación para denunciar las detenciones que conllevaron el posterior encarcelamiento de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto. Este sábado, ningún dirigente jelkide se sumó a la marcha en defensa de los derechos de los presos políticos vascos y en exigencia de su repatriación. No obstante, ese mismo día el presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, realizó unas declaraciones en las que censuraba la utilización que el Gobierno español hace de los prisioneros políticos vascos bajo el prisma de «lucha contra el terrorismo».

La mayor activación social es otra constatación en el arranque de este año. Acorde con el contexto político que desde Madrid pretenden condicionar mediante la represión, cada vez son más ciudadanos los que adoptan el compromiso de denunciarlo en la calle. Si en respuesta por la detención de los militantes independentistas fueron decenas de miles los que recorrieron Donostia, también en la marcha en apoyo al diario Egunkaria fueron cerca de 25.000 y el pasado sábado fueron más de 44.000, ofreciendo en pocos meses instantáneas de las protestas más masivas de los últimos años. Y aportando, además, datos que alimentan la sensación de que un número de ciudadanos mayor y con una representación social cada vez más plural participa de forma activa en este tipo de iniciativas.

Situación política y carcelaria

En este contexto, el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) ha presentado su nueva dinámica de lucha, que arrancó ayer y se extenderá a lo largo de todo 2010, como un elemento más del tablero político: «La situación política general va de la mano con la situación en las cárceles», indicaba en el comunicado del que informaba ayer GARA. Una dinámica que cobrará cada vez más importancia atendiendo también a la actuación del Gobierno español, que utiliza al Colectivo como uno de los pilares para desarrollar la estrategia represiva contra la izquierda abertzale y contra el conjunto del movimiento soberanista en Euskal Herria.

Precisamente, en su comunicado, EPPK realiza un extenso análisis de coyuntura y presenta un balance de la situación en las cárceles, de su visión sobre la situación política y del porqué de su nueva dinámica de lucha, con la que vuelven a reivindicar «la necesidad de la puesta en marcha de un proceso democrático fuerte que invierta la situación política general».

El documento arranca recordando que ya son tres decenios de lucha los que viene protagonizando el Colectivo de Presos Políticos, citando de forma expresa a uno de los mejores exponentes de quienes han conocido las políticas de los distintos gobiernos españoles: Jose Mari Sagardui, Gatza, que lleva 30 años preso. También recuerdan a todos aquellos que han sido reprimidos por mostrar la solidaridad hacia los presos vascos y a quien fue uno de sus integrantes durante los 21 años que estuvo encarcelado: Jon Anza, hoy desaparecido.

Impedir una nueva situación

En cuanto a lo que ocurre fuera de las prisiones, los presos políticos vascos reiteran que han sido los gobernantes españoles los que han colocado al Colectivo en la agenda política acentuando las muestras represivas en su contra y contra quienes les muestran solidaridad, tal y como ha ocurrido con la persecución de las fotografías por parte del nuevo Gobierno de Lakua. Consideran que lo que persiguen con estas agresiones es neutralizar «la capacidad movilizadora de la sociedad vasca».

Además de advertir a los responsables de prisiones de que están siendo utilizados a favor del «juego político» con la nueva práctica de los cacheos, indican que el tándem PP-PSOE ha vuelto a intentar legitimar la dispersión «criminal» llegando a defenderla en el Parlamento de Gasteiz. Por ello, señalan a ambos partidos como los responsables de su aplicación.

EPPK entiende que todas estas agresiones responden a la intención de condicionar el debate político del país, así como de impedir la apertura de un nuevo escenario política y de «eliminar» los logros y pasos políticos de los últimos decenios.

Los presos gravemente enfermos, el aislamiento dentro de la cárcel, la aplicación de la «doctrina Parot» instaurada por el Tribunal Supremo español, el veto a la excarcelación de quienes han cumplido la condena, las nuevas medidas contra ex presos, las agresiones contra los familiares, los equipos carcelarios de seguimiento o las intoxicaciones mediáticas son otros de los puntos que aborda el comunicado, en el que demandan la derogación de la vigente política penitenciaria.