Los habitantes de Guayana francesa y Martinica están convocados hoy a las urnas para pronunciarse sobre la propuesta cursada por Nicolas Sarkozy para transformar el estatuto administrativo de ambos territorios.

La consulta fue anunciada por el presidente francés durante la visita relámpago que realizó a las Antillas el pasado junio. Aquella fue, de hecho, la primera actuación sobre el terreno del dirigente conservador tras el estallido social registrado a principios de 2009 en estas colonias. El movimiento de protesta arrancó en febrero de 2009 y a lo largo de 47 días millares de personas salieron a las calles y sostuvieron una protesta con huelgas, bloqueos y algunos incidentes violentos, especialmente en Guadalupe, lo que obligó a París a suscribir un acuerdo para mejorar las condiciones de vida de los súbditos más lejanos de la UE.

La propuesta de Sarkozy trataba de restañar la herida y de circunscribir estrictamente a los términos de la Constitución francesa las demandas largamente desatendidas de evolución en las relaciones políticas.

La reforma de la Carta Magna, en 2003, vino a tipificar dos estatus posibles para los que el Estado francés llama territorios de ultramar. La consulta de este 10 de enero someterá a escrutinio la aplicación en Martinica y Guyana del artículo 74 de la Constitución, el cual posibilita que las colectividades territoriales puedan defender sus materias propias en el seno de la República.

Dos artículos

En caso de que los electores apoyen hoy esa opción, respaldando así la demanda de aplicación del artículo de 74, cursada en enero de 2009 por el Consejo Regional martiniqués y en setiembre del mismo año por los electos de Guyana, las islas se regirán por una ley orgánica que determinará cómo se aplican las leyes, las competencias que ejercerán las instituciones locales y la forma de elección de la asamblea territorial.

Esa ley orgánica permite adoptar medidas en favor de la población «de acuerdo a las necesidades locales», y, más concretamente, permite a las autoridades territoriales a promover políticas de acceso al empleo, determinar las condiciones para el ejercicio de actividades profesionales en las islas y favorecer el derecho a la vivienda de la población local mediante el control de las políticas de conservación del patrimonio.

Sólo en el caso de que los electores no secunden hoy la opción del artículo 74 se activaría la segunda cita electoral, fijada para el 24 de enero, y en la que se preguntaría a los electores si aceptan la creación de una única asamblea territorial en la que se fusionarían las competencias departamentales y regionales, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución francesa.

A 8.000 kilómetros de distancia, la realidad de Guadalupe y Guayana se muestra un tanto difusa y los parámetros del referéndum pueden parecer poco diáfanos al observador europeo.

Desde las islas, el mensaje se simplifica para que en el Viejo Continente se pueda interpretar más claramente lo que está en juego en esta consulta.

«El voto por el 74 es un voto por la esperanza, el voto por el 73 es un voto de incertidumbre» manifiesta el historiador Armand Nicolas entrevistado por el rotativo «L'Humanité».

Convulsión social

Desde ese punto de partida, Nicolas constata que las fuerzas conservadoras que postulan el «no» han agitado durante la campaña la bandera del miedo.

Sin embargo reconoce que algunos argumentos escuchados en la campaña, como que «con el 74 se acabó el RMI», pueden tener una fuerte penetración en una isla en el que el desempleo alcanza al 30% de la población activa y unas 30.000 personas dependen del citado salario social para sobrevivir.

Siete años atrás, los electores martiniqueses rechazaron en referéndum -aunque por un estrecho margen y con una fuerte abstención de por medio- un cambio de estatus para la isla.

Sin embargo, y pese a que la nueva consulta se produce en un contexto de fuerte crisis económica, en los últimos años se han producido avances nada desdeñables hacia la concertación de los esfuerzos de los sectores favorables a un cambio.

Prueba de ello son los trabajos realizados por los consejos territoriales para definir, sector a sector, los cambios que permitiría abordar un nuevo estatus.

El proyecto impulsado por los electos de Guayana detalla que el nuevo territorio se dotaría de un consejo territorial integrado por 57 miembros elegidos por el el sistema proporcional en cuatro circunscripciones. El modelo de escrutinio es todo un hito frente al inamovible sistema mayoritario que rige en el Hexágono.

La nueva colectividad guyanesa reclamaría para sí competencias en sectores estratégicos como los bosques, la energía, el turismo, la pesca... pero también sobre los impuestos.

Es más, los electos reclaman a París que devuelva «una parte del dominio privado del Estado», ya que la mayoría de las tierras guyanesas son de propiedad estatal francesa.

Evolución estatutaria

La consulta de hoy es un eslabón más en el largo proceso de emancipación de estos territorios. En el caso de Guayana, el proceso de evolución estatutaria se inició en 1997, y aunque se interrumpió en 2001, desde hace dos años se suceden las decisiones en la línea de hacer evolucionar el marco de relaciones con la Metrópoli.

En Martinica, y aprendiendo de lo sucedido en la consulta de 2003, en esta ocasión se ha creado el «Movimiento por el Cambio», que ha unido en la campaña por el «sí» a formaciones autonomistas e independentistas, así como a ecologistas y sectores de izquierda.

Con alguna que otra desafortunada deserción a cargo de algún electo de renombre, el «campo del sí» ha cuajado, en palabras de Nicolas, «una campaña vibrante, con miles de manifestantes en las calles, con numerosas reuniones públicas».

Frente a las proclamas de quienes se aferran al modelo colonial más arcaico, la propia secretaria de Estado francesa para Ultramar, Marie-Luce Penchard trató de restar peso a esa campaña del miedo durante la convocatoria oficial de la consulta.

«No habrá ni abandono de la República ni exclusión de la UE; se trata de construir de forma compartida, si los territorios concernidos lo desean, nuevos modos de gobernanza más respetuosos con las especificidades geográficas, económicas, sociales y culturales» afirmó Marie-Luce Penchard.