Cuando el 12 de enero del pasado año el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió dar carpetazo al juicio contra el diálogo político, quienes se levantaron del banquillo de los acusados fueron un lehendakari del PNV, cinco dirigentes de Batasuna (cuatro de los cuales se encontraban en prisión), el líder del PSE y aspirante a Ajuria Enea y el encargado del control orgánico de ese partido. Si en la vista del recurso que comienza el miércoles el Tribunal Supremo ordena el inicio del juicio, quienes volverán al banquillo serán un ex lehendakari que ahora se dedica a impartir clases magistrales en universidades latinoamericanas, cinco dirigentes de Batasuna (tres de los cuales están en prisión, aunque unos han salido y a otro lo han metido) y nada menos que el lehendakari y el consejero de Interior del «Gobierno del cambio», en el que los principales partidos españoles han puesto sus esperanzas para tratar de derrotar al nacionalismo vasco.

A nadie se le puede ocultar que la presencia en la plantilla de acusados del lehendakari, Patxi López, y del hombre fuerte de su Gobierno, Rodolfo Ares, pesa de manera determinante en la decisión que en sus deliberaciones a puerta cerrada debe adoptar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No cabe pasar por alto que en caso de que el juicio tuviera que repetirse crecerían las probabilidades de que los encausados acabaran siendo condenados. La petición de Dignidad y Justicia para López y Ares es de un año de prisión, que el Foro Ermua rebaja a nueve meses, pero en ambos casos lleva implícita la inhabilitación para ejercer cargo público y presentarse a elecciones. Probablemente, a ningún tribunal español le importaría mucho condenar al resto de los imputados, pero ¿puede alguien imaginar que Patxi López no pudiera presentarse a la reelección por haber sido inhabilitado por hablar con Batasuna? Sería el gran salto mortal de la aplicación de la Ley de Partidos.

«Desobedientes» y «cooperadores»

El origen de este caso está en las reuniones que diversas delegaciones de la izquierda abertzale han mantenido habitualmente con diversos cargos institucionales y partidos políticos. En el marco del proceso negociador 2005-2007, la derecha española consideró conveniente llevar ante los tribunales algunas de estas reuniones.

Las acusaciones consideran que los cinco miembros de la izquierda abertzale imputados incurrieron en un delito de desobediencia al mantener encuentros políticos cuando tenían judicialmente suspendida cualquier tipo de actividad orgánica. Al resto de los imputados los consideran «cooperadores necesarios».

El Foro Ermua detalló en su acusación hasta tres reuniones «delictivas» entre el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe y diferentes miembros de la izquierda abertzale. Ninguna de ambas partes negó nunca la existencia de una interlocución más o menos fluida en función de la situación política de cada momento, llegando incluso a abrirse espacios de cierta confianza personal.

López: «Interlocutor necesario»

La reunión con el PSE tiene unos antecedentes más complejos. En el marco del proceso negociador entre ETA y el Gobierno, y Batasuna y el PSOE, para el 1 de junio de 2006 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska había llamado a declarar a ocho mahaikides que corrían peligro de ser encarcelados. El 29 de mayo delegaciones de Batasuna y el PSE se reúnen y la izquierda abertzale asegura que no está dispuesta a aguantar más ataques y pide pasos significativos con una propuesta que el PSE acepta. Como se había acordado la víspera, Patxi López certifica el día 30 en una entrevista en Radio Euskadi que su partido está dispuesto a «pasar de los contactos a una fase de negociaciones» y reconoce a la izquierda abertzale como «interlocutor necesario».

De allí salió el encuentro que se celebró el 6 de julio en un hotel donostiarra y que el juez Baltasar Garzón no prohibió pese a ser requerido para ello. Quien sí presentó una denuncia en el TSJPV fue el PP, actual socio prioritario del Gobierno de López. También se querelló el Foro Ermua, a quien el líder del PSE había premiado en alguna ocasión y con quienes tantas manifestaciones habían compartido él y Rodolfo Ares.

Juicio contra pronóstico

Pocos podían creer que las querellas del Foro Ermua y Dignidad y Justicia llegaran hasta el inicio del juicio, cuando ni siquiera la Fiscalía veía ningún delito por ninguna parte. Las causas se unificaron, los trámites fueron avanzando y en un TSJPV dominado por el sector más conservador y españolista de la judicatura se salvaron todo tipo de obstáculos -incluidas diversas recusaciones- hasta que el 8 de enero el lehendakari, los líderes del PSE y los dirigentes de la izquierda abertzale acabaron en el banquillo, aunque se sentaran separados.

En casos de juicios por procedimiento abreviado en los que no hay ni acusación fiscal ni acusación particular, sino sólo una acusación popular (es decir, no directamente perjudicada o afectada) se habían dado dos precedentes, ambos firmados por el Tribunal Supremo. En uno, en el llamado «Caso Botín», estableció que no se podía abrir juicio oral si no había más acusación que la popular. Sin embargo, después, en la causa contra el presidente del Parlamento Vasco y dos de los miembros de su Mesa, conocido como «Caso Atutxa», determinó que «el fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública» y que estas cuestiones políticas e institucionales «carecen, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular». Así que no sólo ordenó la repetición del juicio, sino que luego condenó a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao tras haber sido absueltos por el TSJPV.

En la disyuntiva de cuál de ambos precedentes aplicar en el caso del juicio contra el diálogo político, el tribunal del TSJPV optó hace un año por la aplicación de la «doctrina Botín» -aunque el presidente hizo constar su voto particular contrario- y por poner fin al caso en la fase de cuestiones previas. Es decir, con los acusados en el banquillo pero antes de que comenzara realmente el juicio contra ellos.

Foro Ermua y Dignidad y Justicia se mostraron disconformes con la decisión y recurrieron ante el Tribunal Supremo, que a partir del miércoles comenzará a analizar qué salida dar a este embrollo en el que se mezclan las cuestiones de técnica jurídica, con las evidentemente políticas. No será un juicio al uso, sino una reunión de los jueces a puerta cerrada. Allí, los magistrados deberán decidir si las querellas de dos grupos con evidente animadversión al nacionalismo vasco pueden acabar volviendo a llevar a los tribunales a los dos máximos exponentes actuales del constitucionalismo español de orden en la Comunidad Autónoma Vasca.