Aritz INTXUSTA

Cinco personas testificando frente a tres policías municipales, ya que un agente no se presentó, y una acusación que se desinflaba a medida que avanzaba la vista oral. Éste es el resumen de lo acontecido ayer por la Audiencia de Nafarroa. Quedó visto para sentencia después de que la fiscal -que no vio intención de interrumpir el Pleno ni ánimo de insultar a la alcaldesa- redujera la petición solicitada inicialmente hasta otra de 80 euros por desorden público para los cinco y 80 euros más a tres de ellos por faltar al debido respeto al gritar durante la protesta «Barcina, idiota, los gaztetxes no se tocan». La defensa pidió la absolución.

Los hechos se remontan a septiembre, cuando dos los cinco encausados llevaron a cabo una acción en la Plaza del Ayuntamiento para visualizar su descontento por la previsible resolución del Pleno que se cele- braba aquel día tras las puertas del Consistorio. En esa sesión, el PSN faltaba a su palabra de reprobar a la alcaldesa y aceptaba que Simón Santamaría continuara en el cargo.

«Santamaría es la piedra de toque, el representante del modelo de Policía Municipal represiva que caracteriza a Iruñea», explica Alberto Iglesias, uno de los encausados. «Nosotros queríamos dejar patente nuestro descontento como ciudadanos frente a lo que estaba pasando».

Desde el desalojo del gaztetxe de Iruñea y el derribo del mítico frontón Euskal Jai, Iruñerria Piztera Goaz emprendió una serie de acciones no violentas que acabaron derivando en una persecución incesante por parte de la Policía Municipal de Iruñea. La fijación del líder del cuerpo es tal, según explican varios miembros del colectivo, que «Santamaría ha estado presente en todas nuestras acciones en la calle hasta finales de 2008, cuando empezó a ser cuestionado públicamente. Muchas veces aparecía él solo, antes de que llegaran el resto de los agentes. Tiene una obsesión personal contra nosotros».

Al jefe de la Policía Municipal de Iruñea también le gusta acudir personalmente a estos juicios, independientemente de que vaya a testificar o no. Ha estado presente al menos en seis. En la anterior cita, cuando se celebró la vista oral por la sentada en una sentada en la Bajada de Labrit, fue citado como testigo y tuvo que ser amonestado por una letrada antes de comparecer por interrogar a otras personas que salían de la sala tras dar su testimonio.

«Estamos en esta situación por este hombre», explica el acusado Koldo Gallostra. «La mayoría de las veces nos enfrentamos a autos falseados y quienes declaran contra nosotros son los hombres que están bajo las órdenes de Santamaría».

Tres vías de presión

Desde el colectivo se denuncia una triple represión en contra de sus acciones de desobediencia civil: financiera, penal y judicial. Por un lado, intentan ahogar económicamente a los que participaron en ellas. Sin contar las multas, los tribunales les han condenado a pagar 12.530 euros, suma a la que hay que añadir 45.149 euros de procesos que aún no han finalizado.

Además, varios de estos jóvenes se enfrentan a penas de cárcel por la sentada en el Labrit (dos años y medio para once personas y cuatro años para otra que no pertenece al colectivo) y por la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo: diecinueve peticiones de nueve meses de cárcel y otras tres, de quince meses.

La tercera presión que afirma sufrir este grupo de jóvenes es la postura adoptada por la Policía Municipal de llevarles a juicio por todas sus protestas, en lugar de tramitarlas en multas. Paola Damonti, otra de las acusadas, afirma que «el hecho de enfrentarse a un juicio supone una condena en sí. Son meses de presión mental a la espera de que se resuelva».

La abogada de los acusados, June San Miguel, también lo resalta: «Muchos casos no son hechos enjuiciables. No tienen entidad suficiente para un proce- dimiento penal y deberían, por tanto, solucionarse mediante sanciones administrativas».

Por su parte, varios de los acusados coinciden en sostener que la judicialización de estas acciones eleva su grado de politización, al permitir la intervención del equipo de fiscales que dirige la controvertida figura de Francisco Javier Muñoz.