El abogado de tres militantes de los GRAPO y otros dos del PCE(r), que ayer fueron juzgados en la Audiencia Nacional española, denunció serias irregularidades.

Subrayó que mientras Manuel Pérez Martínez se encontraba en los calabozos del juzgado, una persona vestida con uniforme de la Guardia Civil entró y le «amenazó hasta que fue desalojada por la Policía Nacional. No se puede llevar adelante un juicio si el propio tribunal no es capaz de garantizar la integridad física de los inculpados». Por ello, solicitó la deducción de testimonio.

Asimismo, denunció la conculcación del «derecho a la defensa». Explicó que otro de sus defendidos, Marcos Martín Ponce fue trasladado el pasado día 14 a la cárcel de Valdemoro, pero que, al día siguiente, en el mismo juzgado le dijeron que había sido llevado a Navalcarnero, donde «me dicen que allí no está. Sospecho que está en Valdemoro junto a Israel Torralba, incluido en el sumario».

Tras lograr el permiso de visita, «me dicen que tengo que comunicar con ambos uno por uno, pese a que están en el mismo sumario». Finalmente, le fue imposible hablar con ambos presos al mismo tiempo, ya que Marcos Martín fue trasladado en el último momento.

Junto a ello, resaltó «la infracción del principio de cosa juzgada», porque, en el caso de José Luis Felipe y Manuel Pérez Martínez, se les quiere «condenar dos veces por los mismos hechos».