Dicen que en todo ordenamiento jurídico penal democrático la presunción de inocencia es uno de los principios jurídicos que deben regirlo. La presunción de inocencia es una de las garantías que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tanto gusta citar a nuestros gobernantes. Así, en su undécimo artículo dice textualmente: «Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa».

¿Cómo es posible, pues, que la regla general de aplicación por parte de fiscales sea la de petición de prisión provisional y la de los jueces de decretarla sistemáticamente cuando se refiere a militantes de la izquierda abertzale? ¿Por qué el mismo fiscal, tan compresivo y garantista con los altos cargos del PP presuntamente implicados en la trama de Gescartera, que incluso se opuso a su comparecencia; el mismo fiscal que no pidió pena alguna en el juicio contra Emilio Botín y varios directivos del Banco de Santander acusados por su presunta participación en 36 delitos fiscales y cuatro delitos continuados de falsedad documental, sin embargo, acaba de pedir la prolongación de la prisión provisional por otros dos años más para los cargos de ANV y del PCTV? Dos años sin juicio penados en cárcel provisional, de separación «provisional» de familiares y amigos, de sus trabajos y de su entorno, dos años de aislamiento «provisional», por una acusación genérica de terrorismo a juicio del magistrado es poco tiempo. Será acaso que los vascos y vascas de izquierda nacemos al mundo con un plus de culpa añadido que ni siquiera el agua de pila bautismal la borra como al resto de hijos de Adán y Eva.

Nacimos culpables o, por lo menos, presuntos culpables. Caínes sempiternos que diría el poeta. Y tal es nuestro remordimiento que en cuanto nos detienen, nos hablan y tratan de esa manera tan amable y cariñosa como sólo la Guardia Civil sabe hacerlo, después de cinco días de dicha terapia de grupo, para descargar nuestra culpa confesamos cosas que ni tan siquiera en sueños sospechábamos. Si del estado de presunción de inocencia en personas normales podemos derivar el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al acusado sino al acusador, en nuestro caso resulta todo al revés.

La culpa, amigos míos, por nacer vascos o vascas, es la que facilita a los jueces las sentencias condenatorias. No hacen falta pruebas, únicamente una confesión escrita les basta. Son jueces de la Audiencia Nacional, tienen estudios. Alguno incluso anteriormente fue policía. Sabrá, pues, de hábiles interrogatorios.

Los atentados de Falange y Tradición merecen un mes de prisión provisional; para el magistrado Ismael Moreno, antiguo inspector de policía, los que reivindicaron más de veinticinco ataques, amenazas de muerte a cargos públicos, destrozos y agresiones al entorno abertzale y a la memoria histórica, ni pertenecen a una banda ni han alterado la paz pública, es decir, no son terroristas (sic).