La teoría es fácil: el Parlamento aprueba una ley que no gusta ni por asomo a parte de la ciudadanía y que recibe una fuerte contestación social en forma de recogida de firmas. El presidente asume que la sociedad a la que representa reprueba lo antes aprobado y se niega a darle rango legal, convocando una consulta popular sobre el tema.

No debería llamar la atención. Es el juego de la democracia, donde, en este caso, entran en colisión la representatividad parlamentaria y la necesidad de preguntar al pueblo sobre un tema controvertido y que afecta al bienestar social. El debate está servido y es sano.

No debería llamar la atención, pero lo hace. Porque, más allá de las quejas de Gran Bretaña y Holanda, principales afectados por la decisión de Olafur Ragnar Grimsson -así se llama el presidente preguntón- sobre la llamada «Ley Icesave», en latitudes más meridionales que las islandesas eso de preguntar a los ciudadanos y ciudadanas no se estila. Para eso se convocan elecciones. Luego, los «elegidos» hacen y deshacen a su gusto, que para eso están.

Sucede aquí mismo, donde quienes reclaman que se abra un debate real y se pregunte al conjunto de la ciudadanía su opinión sobre la mayor infraestructura levantada jamás en este país, esos mismos que ayer se citaron en Hendaia, son tratados como marcianos, cuando no detenidos, aporreados y enjuiciados. Y muchos de quienes miran con ojitos al modelo social escandinavo asienten y consienten.

Por eso, la próxima vez que caiga una nevada, mirad con atención a los copos. Puede que ahí se esconda la democracia.