Hace ya varios años que a la Diputación Foral de Gipuzkoa le ronda por la cabeza la idea de implantar un peaje en la autovía N-I a la altura de Etxegarate y, a pesar de que todas las iniciativas planteadas hasta ahora se han quedado en el camino, el proyecto recientemente anunciado por la institución foral parece la apuesta definitiva. Aunque aún es pronto para confirmar si al fin se ejecutará dicho proyecto, el mismo diputado general, Markel Olano, declaró el lunes que «es el momento de que Gipuzkoa se plantee los peajes». Y la polémica está servida.

Aralar, HIRU -sindicato de transportistas de Euskal Herria-, así como Guitrans -asociación empresarial guipuzcoana de transporte de mercancías-, se han mostrado totalmente en contra de la iniciativa e incluso el Gobierno de Nafarroa ha manifestado que «no le agrada esta medida unilateral».

En una reciente entrevista ofrecida a un periódico guipuzcoano, el diputado de carreteras, Eneko Goia, afirmaba que el principal objetivo de la implantación del peaje «es desaturar la carretera N-I, ahora colapsada». «Por la N-I -añadía- discurre un intenso tráfico de paso que aporta sólo problemas. ¿Vamos a seguir teniendo la AP-1 [autopista Eibar-Gasteiz] infrautilizada mientras continúan los problemas en una N-I saturada?». Asimismo, subrayó que, de los 20.000 vehículos que circulan al año por Etxegarate, 9.00o son camiones y que, a pesar del crecimiento del número de vehículos ligeros que usan la AP-1, los camiones siguen optando mayoritariamente por cruzar Etxegarate. «Así que, al menos, que paguen un peaje que sirva para su mantenimiento», comentó.

Afán recaudatorio

Distintas formaciones y agrupaciones consideran que, tras estas afirmaciones, en realidad se esconde otro motivo bien distinto: el afán recaudatorio. «Lo que pretenden es desviar el tráfico a la Eibar-Gasteiz, ya que no está siendo todo lo transitada que esperaban y ahora tienen que sacar rentabilidad después de la importante inversión que han supuesto las obras», declara Estitxu Ugarte desde HIRU. Al igual que ella, Ignacio Cepeda, presidente de Guitrans, hace mención a la AP-1: «La Diputación no puede obligar a la gente a ir por una determinada vía para que se la paguen».

Muchos camioneros trabajan y cotizan como autónomos, y se sienten especialmente perjudicados con la propuesta del peaje, lo que Cepeda califica como «un castigo»: «Los transportistas pagamos elevados impuestos, gracias a los cuáles el Estado español recauda alrededor de 5.000 millones de euros. ¿Dónde esta nuestro dinero?». En ese sentido, tanto Ugarte como Cepeda insisten en que el dinero debería invertirse en el mantenimiento y mejora de las carreteras. «El señor Goia ha afirmado que los camiones molestan y que, además, circulan de manera gratuita por la N-I. Pues bien, los camioneros cada vez que circulan dejan dinero, sea en los talleres, las gasolineras o los restaurantes de alrededor. Los transportes de mercancías suponen el 4% del P.I.B. de Hego Euskal Herria», detalla Ugarte.

«Hasta ahora, la N-I se ha mantenido con el dinero de los guipuzcoanos, fueran usuarios o no. Simplemente, es hacer pagar a quien la utiliza», declaró Goia. El diputado hacía referencia a una directiva de la Unión Europea por la cual se obliga a cobrar a los vehículos pesados en vías transeuropeas y Aralar, por ejemplo, ha mostrado su acuerdo en este aspecto. «La Diputación hace caso a la Unión Europea sólo cuando le interesa», afirman tanto Ugarte como Cepeda, que añaden que «también son obligatorios otros aspectos y condiciones que desoyen».

El Gobierno de Nafarroa también ha expresado su disconformidad: «Nunca nos ha gustado que se establezcan nuevos peajes en carreteras que ya estaban abiertas al tránsito», puntualizó el portavoz del Ejecutivo, Alberto Catalán. Y añadió que «no se puede actuar de manera unilateral y menos en épocas de crisis». También Álvaro Miranda, consejero de Economía y Hacienda, desaprueba el proyecto: «En Nafarroa se nos ha criticado y nos han intentado poner en un brete con el peaje de la A-15, y ahora van a intentar ponernos uno muy directo».

Otras opciones sobre la mesa

Una de las alternativas al peaje podría ser un tipo de desgravación fiscal, como opinan Ignacio Cepeda y, desde Aralar, Rebeka Ubera. HIRU, por su parte, se muestra «abierto al diálogo» y lamenta que la Diputación no ha haya pedido opinión a nadie. Ubera insiste en la necesidad de buscar una salida «que ayude al mantenimiento de las vías, pero que no suponga un castigo: una viñeta social o una tarifa que trate de igual manera a todos; se podría estudiar una medida que permita, por ejemplo, la desgravación en la declaración de la renta». «Esto existe en otras comunidades autónomas y la Diputación tiene conocimiento de ello», señaló Cepeda.

«El transporte por carretera es el medio más económico para saciar las necesidades de las personas. Los clientes queremos 25 tipos de yogures en los supermercados y alguien los tiene que llevar. Hablemos de un transporte más racional», concluye Ugarte.