El Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) aprobó ayer en un pleno extraordinario, por siete votos a favor y dos en contra, su candidatura para acoger el almacén temporal centralizado que albergará los residuos nucleares de todo el Estado español. El presidente de la Generalitat, José Montilla, pedirá a Madrid que el cementerio nuclear no se instale en Catalunya.

En un tenso pleno, con miembros de la Coordinadora Anticementerio Nuclear y numerosos ciudadanos a favor y en contra congregados frente al Consistorio y en el salón de plenos de Ascó, votaron a favor de los cuatro concejales de CiU, incluido el alcalde, Rafael Vidal, el representante del PSC y dos ediles independientes de la oposición, mientras que otros dos concejales independientes lo hicieron en contra.

Los ediles nacionalistas no hicieron caso de la advertencia del secretario general de CDC, Felip Puig, que el sábado anunció que su formación abriría un expediente para suspender de militancia a sus concejales en Ascó si finalmente apoyaban la candidatura del municipio para albergar la instalación nuclear.

De este modo, Ascó optará hoy junto a la localidad de Yebra, en Guadalajara, a acoger este almacén en la reunión de la Asociación española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) que tendrá lugar en Madrid. Será el Gobierno español el que designe oficialmente al municipio elegido.

El alcalde de Ascó defendió la instalación del cementerio nuclear en el municipio al considerar que es «una oportunidad de futuro», más allá de las centrales nucleares, para «hacer frente a la desindustrialización» de la comarca de la Ribera d'Ebre.

El portavoz de la Coordinadora Anticementerio Nuclear, Sergi Saladié, lamentó que los ediles de CiU no incluyesen esta cuestión en su programa electoral municipal y que no se haya celebrado un referéndum.

Pasos necesarios

El presidente de la Generalitat, José Montilla, enviará al ministro español de Industria, Miguel Sebastián, una carta para expresar su rechazo a que el cementerio nuclear se instale en Catalunya, porque cree que la decisión tomada en Ascó es «totalmente opuesta a lo que le conviene al conjunto de Cataluña».

El Govern no comparte la decisión del pleno municipal, pero no recurrirá el acuerdo, aunque sí dará los pasos necesarios para intentar «por la vía de la legalidad» que esa decisión no se convierta en realidad.