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El Banco Central de Argentina empezó la semana con dos gobernadores, uno reconocido por el Gobierno y el otro que se niega a ser destituido en medio de la polémica y una maraña judicial por el uso de reservas monetarias para pagar deudas soberanas este año. El lunes, el juez federal de Buenos Aires Norberto Oyarbide confirmó que está evaluando una denuncia penal de Martín Redrado contra el Gobierno presentada el domingo, cuando se le impidió la entrada al Banco Central en su calidad de gobernador del instituto monetario, cuya titularidad ejerce ahora Miguel Ángel Pesce, reconocido como tal por el Gobierno de Cristina Fernández. Oyarbide aclaró a los periodistas que admitirá tratar la denuncia penal de Redrado en el actual período de receso judicial «si los acontecimientos revisten la gravedad suficiente», cosa que no ha decidido.

El conflicto estalló a comienzos de mes por la negativa de Redrado a cumplir un decreto presidencial para el pago de deudas con reservas, en coincidencia con preparativos de Argentina para refinanciar los bonos por un total de 20.000 millones de dólares que siguen en mora desde el cese de pagos de 2001. El gobernador presentó el domingo su denuncia penal por «abuso de poder» del jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, y en declaraciones que publica al día siguiente la prensa advirtió de que pasó de una actitud de defensa a la de «ataque» al Gobierno. «Tengo las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares», aseguró Redrado al diario bonaerense «Clarín», el más vendido del país, en velada referencia a presuntos ilícitos.

«Si Redrado no hace la denuncia, lo vamos a denunciar nosotros por encubridor», respondió después el jefe del Gabinete. Fernández insistió además en que «no tiene sentido» que haya intervenido la Justicia, la cual dispuso que sólo el Parlamento puede habilitar el uso de las reservas del Banco Central y suspendió el decreto presidencial que ordenaba al instituto monetario separar 6.569 millones de dólares para pagar deudas públicas a lo largo del año.

Orden anulada por el juez

Redrado, designado para un mandato de seis años que vence en setiembre próximo, fue cesado el 8 de enero por un decreto presidencial que después fue anulado por dos fallos judiciales que reivindican la potestad del Parlamento para destituirlo, como sostuvo el funcionario.

El último de esos fallos, dictado el viernes por un tribunal de apelaciones, ordena que el Gobierno no designe con carácter definitivo a un nuevo jefe del Banco Central hasta que se cumpla el paso de la consulta no vinculante con una comisión bicameral del Parlamento que se reunió ayer por vez primera.

El Gobierno interpretó por su parte que el fallo supone que Redrado ya no dirige a la entidad monetaria, cuyo directorio nombró el viernes a Pesce, que hasta ese momento ocupaba la vicepresidencia de la entidad.

La legislación argentina dicta que el pronunciamiento de la comisión bicameral, que preside Julio Cobos, enemistado con el Gobierno desde 2008, es necesario para la destitución del gobernador del Banco Central pero no vinculante con la decisión que tenga en mente el Ejecutivo. La comisión celebró ayer su primera sesión, pero no se espera que se pronuncie antes de dos semanas.