La operación policial, que se inició de madrugada y estuvo coordinada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española, que dirige el juez Eloy Velasco, se saldó en la jornada de ayer con la detención de cinco personas en Ondarroa, Gizaburuaga, Deba y Mutriku. En concreto, los apresados fueron Asier Badiola, de 29 años; Xeber Uribe, de 32 años -ambos arrestados en Ondarroa-; Ibon Iparragirre, de 36 años y detenido en Gizaburuaga; el mutrikuarra Jabi Zubizarreta, de 40 años; y Jon Iñaki Esnaola , de 34 años, en Deba.

Los arrestos tuvieron lugar sobre las tres de la madrugada y los registros continuaron a lo largo de la mañana en distintos domicilios y locales.

A primera hora de la tarde, las agencias de noticias afirmaban que los agentes se habían incautado de una pistola, cordón detonador y cerca de medio kilo de material explosivo, en concreto pentrita. El hallazgo, según fuentes policiales, habría tenido lugar en una vivienda vinculada a Iparragirre, a quien no tardaron en colocar como el «líder del grupo de arrestados».

El hermano de éste, Gotzon Iparragirre, informó de algunas irregularidades en el registro del domicilio en el que habrían encontrado el material, asegurando que la Ertzaintza se personó en dos ocasiones y no en una, como se apunta, en esta vivienda. En declaraciones a ``Lea Artibai eta Mutrikuko hitza'', Iparragirre destacó que «todo fue muy raro» y que la Policía autonómica se personó sin secretaria judicial y sin la presencia del detenido sobre las 5.00. La Ertzaintza le obligó a salir de la vivienda, por lo que no hubo testigos de ese registro, que se dilató durante una hora.

Horas después, sobre las 8.00, la Ertzaintza volvió a la vivienda y, según confirmó, en esta ocasión sí trasladaron a su hermano detenido y acudió la secretaria judicial. Al parecer, fue entonces cuando dicen haber encontrado el citado material.

Gotzon Iparragirre tuvo conocimiento del supuesto descubrimiento al mediodía, cuando la Ertzaintza comunicó la situación de arresto de su hermano y le comentaron que «éste intentó saltar por la ventana cuando encontraron una pistola en la vivienda». «¿Qué pistola, si antes habéis estado con un perro y no habéis encontrado nada?», replicó extrañado por cómo estaban transcurriendo los hechos. Mientras que agentes de la Ertzaintza registraban la vivienda de Ondarroa vinculada a Iparragirre, éste seguía en la de Gizaburuaga, donde reside con su compañera y su hija de cinco meses, ya que este registro duró hasta las 8.00.

El Departamento de Interior ya cifraba al mediodía en ocho los registros realizados en los cuatro municipios. Uno de los locales inspeccionados es un establecimiento que utiliza la izquierda abertzale en Ondarroa, localidad que permaneció ocupada durante horas por la Ertzaintza. Sus responsables precisaron que se incautaron del ordenador que se utiliza en este local y apuntaron que en el mismo no había objetos personales de Uribe, que fue el arrestado a quien trasladaron hasta ese lugar.

Agentes de la Policía autonómica instalaron controles en los accesos a la villa marinera, además de identificar a algunas personas que fueron concentrándose ante el registro de distintas dependencias.

Acciones imputadas

El Gobierno de Lakua indicó en un comunicado emitido a primera hora de la mañana que los arrestados «formarían parte de un grupo `legal'» de ETA que, «entre otras acciones, podría haber tomado parte en el ataque que sufrió la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa el 21 de setiembre de 2008».

Posteriormente, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, compareció ante los medios de comunicación junto con el viceconsejero de Seguridad, Rafael Iturriaga, y el director de la Ertzaintza, José Antonio Varela, en la comisaría de Erandio para dar detalles de la operación que, como puntualizó, permanecía abierta. Ares aseguró que los detenidos están «implicados con toda claridad» en el citado atentado, unos como «colaboradores directos» y otros como «participantes directos».

Vinculó también a los arrestados, que conformarían «un talde de legales», con la voladura de un repetidor de televisión en Azpeitia y con un ataque contra maquinaria de empresas que trabajan en las obras del TAV. Por otra parte, no quiso confirmar ni desmentir que los detenidos tuvieran relación con acciones de ETA contra la sede central de Caja Vital en Gasteiz, en 2008, o la explosión de un coche-bomba ante una residencia militar en Santoña, que ocasionó la muerte de un brigada del Ejército español.

Tras indicar que «de la información disponible hasta ahora no se deduce con total claridad» la relación de los detenidos con «otros atentados», emplazó a esperar a «las declaraciones» en dependencias policiales de estas cinco personas, a las que se les «aplicará la legislación antiterrorista».

A los arrestados se les aplicó la incomunicación y sus familiares no pudieron verles ni tuvieron ninguna noticia sobre su estado, tal y como denunciaron. Efectivos de la Ertzaintza les comunicaron que sus allegados serán trasladados a Madrid.

El movimiento pro amnistía, por su parte, mostró su preocupación por el trato que puedan recibir los cinco y recordó que la Policía a las órdenes del Ejecutivo de Lakua acumula más de 200 denuncias de torturas. Subrayó que la aplicación de la incomunicación es «una señal de la voluntad política para torturar» y reclamó que se levante de forma inmediata esa situación.

Durante su comparecencia, Rodolfo Ares reiteró que la Ertzaintza «seguirá combatiendo a ETA en todos sus frentes» y reforzará la cooperación con otros cuerpos policiales para «ser más eficaces». El consejero subrayó que esta operación es fruto del trabajo de «muchos meses» de la nueva «División Antiterrorista y de Investigación» de la Ertzaintza, calificándola de «muy importante».

El titular de Interior también trasladó su opinión de que la organización armada vasca «está más débil que nunca», aunque tiene «capacidad para hacernos daño». En cuanto a los objetivos de este tipo de operativos, Ares manifestó que sirven para enviar un mensaje «muy claro» a ETA y a quienes «les amparan»: «Que no conseguirán ninguno de sus objetivos,porque el único destino que les queda es la cárcel».

También incidió en la intención del Ejecutivo de Patxi López de «seguir reforzando la cooperación con otras policías para ser más eficaces».

Precisamente, antes de comparecer ante una comisión en el Parlamento Europeo, el ministro español de Interior felicitó a la Ertzaintza por el «éxito policial». Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que estuvo informado «en todo momento» del desarrollo de la operación, añadiendo que «ésta es la línea que vamos a seguir: que la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza van a seguir trabajando juntas hasta que ETA termine».