Ha pasado más de una década desde que el Estado español pusiera en marcha toda una estrategia de ilegalización contra amplios sectores de Euskal Herria. De la misma manera, es un dato objetivo que desde sus inicios hasta el día de hoy toda esa política de ilegalizaciones ha ido in crescendo generando una serie de consecuencias lamentables, en muchos casos irreversibles. Se ha dibujado una situación de excepcionalidad, se ha impuesto una filosofía de censura e inquisición, de restricción y autoritarismo que difícilmente se borrará de nuestra memoria colec- tiva. En el Estado español, la libertad de opinión, la libertad de expresión, el derecho a organizarse, a manifestarse, el acceso a la justicia con todas las garantías se han visto recortados hasta hacerlos irreconocibles. Su reivindicación se ha convertido en un delito. Por su parte, el Estado francés siguió esta estela de criminalizar la labor político-social de quienes encuentran difícil encaje en su estructura jurídico política.

La pendiente por la que se ha lanzado el ejercicio de los derechos políticos es cada vez más resbaladiza. Las últimas detenciones, los procesos ilegalizadores y los actuales sumarios impulsados por la Audiencia Nacional prescinden de la más básica lógica de la justicia. Suponen un desafío a la más elemental razón democrática. Se ha impuesto otro tipo de lógica, otro tipo de razón: la del Estado.

Más evidente que nunca se aprecia que la limitación de las libertades, el recorte de los derechos son instrumentos que el Estado emplea para impedir un cambio basado en la libre voluntad de nuestro pueblo, dificultando además la superación de los actuales parámetros de conflicto. Más allá de las tragedias personales, individuales, derivadas de la grave vulneración de derechos, son cada día más patentes las consecuencias que esta actitud acarrea a la vida política y social de Euskal Herria. Así, el debate político está falseado, un amplio sector social se encuentra impedido en su acción política y social, las elecciones e instituciones resultan desnaturalizadas. Se crea una dicotomía entre ciudadanos con derechos y los que carecen de ellos.

Esa estrategia de represión del Gobierno de España ha generado un profundo cuestionamiento en distintas instancias de la comunidad internacional, poniendo en solfa las leyes y distintas políticas que originan esos recortes de derechos, así como la perversa interpretación que se le ha dado al concepto de «terrorismo». La ONU ha hablado con claridad al respecto, si bien esta opinión es aquí silenciada. Se prefiere recurrir a la sentencia de Estrasburgo, profusamente empleada para avalar el recorte del derecho de sufragio en este país. Sin embargo, vemos que esa decisión genera contradicciones en la propia Unión Europea cuando, con la misma lógica, es aplicada por Turquía para expulsar de las instituciones a los electos kurdos.

Y es que nadie con dos dedos de frente puede sostener que las libertades se protegen recortándolas, que los derechos se garantizan mejor cuando aparecen mutilados. Nadie con un sentimiento básico de humanidad puede obviar el dolor que estas políticas generan en decenas de personas que han sufrido en sus carnes detención, tortura y prisión, simple y llanamente por pretender ejercer esos derechos y libertades, por expresarse, por opinar, por participar en la actividad pública. Nadie con ojos en la cara negaría -más allá de injustificables cálculos electorales- el impacto que tienen en la configuración de las instituciones, en la participación ciudadana pública.

Durante todos estos años se han puesto en marcha diferentes iniciativas que han realizado un camino, afianzando unas bases sólidas. Han sido numerosas las dinámicas de respuesta amplia a las distintas ilegalizaciones. Apareció Aukera Guztiak como una mesa plural para asegurar la presencia en las elecciones; la plataforma 18/98 supo conjugar diferentes tipos de sensibilidades, encauzándolas hacía una posición en favor de los derechos civiles y políticos y para enfrentarse a los juicios políticos; la respuesta que se ha dado a operativos concretos o la amplitud de sectores que se han solidarizado y activado en otros nos muestran una referencia a tener en consideración. En diversos formatos, miles de voces diferentes se han expresado en un sentido.

Estamos convencidos de que es el momento de volver a incidir en este mensaje, persistir en esta línea de denuncia y de reclamación. Hoy se dan una serie de circunstancias favorables para hacer frente a toda esta situación y así se ha demostrado en los últimos meses con la activación espontánea de agentes y personas de un amplio espectro político y social. Sectores heterogéneos han confluido en diversas iniciativas unitarias. Precisamente, estas dinámicas nos permiten visualizar que un amplio sector de la sociedad aboga por superar este escenario. Por todo ello, personas preocupadas por la persistencia de esta situación y porque la coyuntura actual nos muestra que, lejos de darse pasos para superarla, parece tender a su perpetuación, hemos abierto en los últimos meses una dinámica de contactos con diferentes agentes sociales, políticos, sindicales y culturales, así como con diferentes personas a título individual. El objetivo era contrastar esas reflexiones y conseguir la mayor y más amplia sintonía con cada una de ellas. Es cierto que en este pueblo son todavía poderosos los elementos que nos distancian. Es fácil poner el acento en ello. Parece más complicado ponerse de acuerdo en lo que nos une. Pero constatamos que en este país se pueden amalgamar diferentes sensibilidades políticas en pro de una aspiración común.

A raíz de ello, consideramos necesario apuntalar estas experiencias, esas voces, dar un paso más. Articulando una iniciativa amplia, que diese globalidad a la respuesta a estos ataques en todas sus dimensiones, en su globalidad. Veíamos necesario conformar y dar a conocer una iniciativa popular, un nuevo referente para avanzar en este camino. Simplemente un espacio compartido de ciudadanos y ciudadanas de este país que coinciden en la necesidad de dar aire a la reivindicación en pro de los derechos civiles y políticos. Una expresión que convierta la exigencia de acabar con la estrategia ilegalizadora en el grito de todo un pueblo.

Siendo esa su lógica, la expresión libre, su presentación lo será por medio de una declaración. Una reclamación ante la sociedad vasca, ante los estados español y francés, ante Europa y el mundo, para el inmediato restablecimiento de la democracia y la garantía de los derechos civiles y políticos. Una proclamación de principios, un decálogo de derechos básicos que se presentará mañana sábado en el Palacio Euskalduna de Bilbo. Un acto donde, mediante la música, el teatro, la danza, las imágenes, la luz y la palabra impulsaremos la reclamación básica de que las ideas y opiniones latentes en este pueblo deben volver libres a la plaza pública. Un acto en el que tiene lugar toda persona que comparta este objetivo.