Nueve localidades del Estado español habían solicitado a última hora de la tarde de ayer la instalación en su término municipal del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, cuyo plazo de candidaturas terminaba a medianoche en medio de una tormenta política sobre el método para elegir la ubicación.

El ministro español de Industria, Miguel Sebastián, había predicho que habría «bofetadas» por optar al almacén y parece que aunque sólo nueve corporaciones habían aprobado presentar su candidatura, Industria contaba con una lista de doce municipios que habían presentado la documentación necesaria para construir la instalación.

Una vez concluido el plazo para optar al ATC, habrá una evaluación técnica y el Gobierno español tomará una decisión teniendo en cuenta las mejores condiciones para ubicarlo, las razones de seguridad y el «nivel de consenso», según dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

«Opción segura»

Indicó que «para el lugar donde se instale va a crear adicionalmente posibilidades de reactivación económica y dinamización de la economía», y reiteró que se trata de una «opción segura».

El presidente de la comunidad autonómica, Juan Vicente Herrera, condicionó ayer su posible apoyo a que Madrid revise el cierre de la central de Garoña, aunque luego reculó y mostró comprensión y respeto por la autonomía municipal. El burgalés Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña, no ha presentado su candidatura.

Los movimientos ecologistas han exigido al Gobierno que los residuos se queden en las centrales y que éstas, además, se cierren. El director de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, aseguró que albergar «miles de residuos de todas las nucleares de España será más peligroso y más radiactivo que Chernobil».