El Gobierno español hizo ayer oficial, tras la aprobación en el Consejo de Ministros, su intención de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, una medida, filtrada antes a la prensa cercana, que concitó un rechazo casi unánime en el ámbito político y sindical -sólo el PSOE y la patronal apoyaron abiertamente al Ejecutivo de Zapatero- y que llegó acompañada de otras propuestas planteadas en la misma dirección, como modificar las pensiones de viudedad si «la convivencia es corta».

Fueron la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la vicepresidenta segunda y titular de Economía y Hacienda, Elena Salgado, principal valedora de estas medidas, las encargadas de dar cuenta de las intenciones gubernamentales. Salgado explicó que la ampliación de la edad de jubilación comenzará a aplicarse gradualmente en 2013, a razón de dos meses por año, de forma que en 2025 todos los trabajadores y trabajadoras se retiren legalmente a los 67 años.

Dicho de otro modo, todas las personas nacidas a partir de 1959 deberán trabajar hasta los 67 años para jubilarse en caso de que se cumplan los planes de Zapatero. Asimismo, los nacidos entre 1948 y 1958 se retirarán entre los 65 y los 67 años.

Salgado explicó también que la propuesta de reforma del sistema público de pensiones, que remitirá para su estudio a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, incluye ampliar, aunque no precisó cuánto, la base de cotización a la Seguridad Social sobre la que se calcula la pensión de jubilación, un periodo establecido en este momento en los 15 años anteriores al retiro. Argumentó, en este sentido, que el computo actual perjudica a las personas que van al paro al final de su vida laboral.

El documento establece, asimismo, medidas de control y reducción del acceso a las jubilaciones anticipadas, para que «no haya tantas», así como medidas para avanzar en la homogeneización de las pensiones. Sobre las prejubilaciones, el proyecto señala que los contratos individuales de jubilación se limitarán a aquellos trabajadores que se encuentren fuera de la negociación colectiva, es decir, que las prejubilaciones se realizarán sólo para personal directivo. También se afirma que debe excluirse la búsqueda de alternativas individuales para la anticipación voluntaria de la edad de jubilación en la previsión social complementaria.

La ministra de Economía y Hacienda justificó la reforma del sistema de pensiones en clave demográfica, apuntando que la jubilación a los 65 años se estableció en 1919 y que desde entonces la esperanza de vida ha aumentado. Una consecuencia práctica de ampliar la edad legal de jubilación es que, aunque no se llegue a trabajar hasta los 67 -algo muy difícil en algunos sectores-, al ampliarse el margen entre la edad legal y la edad real de jubilación las pensiones serán más bajas.

Pago único o renta temporal

Respecto a la pensión de viudedad, el Gobierno español propone que cuando «las convivencias familiares han sido breves y no existen descendientes» se sustituya la actual pensión vitalicia por «una indemnización en pago único o una prestación temporal», que tampoco cuantificaron ayer. Salgado consideró esta modificación «un paso obligado» para adecuar la prestación a las «nuevas situaciones sociales y a las nuevas formas de familia».

Preguntada por el rechazo general a la prolongación de la edad en activo, De la Vega afirmó que trabajarán para convencer a los agentes y sostuvo que no contempla un escenario de falta de acuerdo. De hecho, expresó su deseo de cerrar un pacto «lo antes posible».

Lo cierto es que, en primera instancia, la propuesta gubernamental se ha topado con una aceptación muy negativa. Así, si ELA y LAB hacían público el jueves su oposición frontal, ayer fueron los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, quienes expresaron su desacuerdo. También lo hicieron socios habituales del PSOE en el Congreso, como ERC y BNG. En el ámbito vasco, el parlamentario de EB, Mikel Arana, anunció que va a presentar una proposición para instar a Madrid a mantener la edad de jubilación, mientras EA acusó al Gobierno de Zapatero dea asumir «las posiciones más retrógradas» de la CEOE.

Precisamente, la patronal y el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, salieron el defensa del proyecto de reforma.