En 2009 fallecieron en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa quince ex trabajadores que en su vida laboral estuvieron en contacto con el amianto. Es un número elevado. Los casos judiciales van en aumento y desde el Colegio Vasco de la Abogacía se ha puesto en marcha un curso, del que se han celebrado ya dos jornadas en Gasteiz y Donostia, y a finales de abril habrá una tercera en Bilbo para informar y marcar pautas de actuación ante las enfermedades profesionales y, sobre todo, ante casos de amianto. José Ignacio Marcos reconoce que están aflorando los enfermos de amianto y es necesaria una respuesta contundente.

¿Por qué este curso para actuar frente a las enfermedades profesionales, los accidentes y, sobre todo, el amianto?

Según los datos de la Comisión Europea, se producen 142.000 fallecimientos por enfermedades, encabezadas por amianto. Otras 8.900 muertos en siniestros laborales. Los muertos por enfermedades profesionales multiplican por 16 los fallecidos en accidentes de trabajo. Es una enorme diferencia. Se calcula que al año son 21.000 muertos por el amianto. La OIT calcula que entre el 13% y el 9,6% de todas las muertes se deben a ese mineral cancerígeno.

¿Está aflorando todo el amianto que hay en los pulmones de los trabajadores?

Creo que en este momento no está en pleno auge. Se están rechazando la inmensa mayoría de las demandas de amianto en los juzgados. Hay muchos intereses en juego y están tratando de taponarlo, no se están estimando y, ni siquiera, se están metiendo todas las que se pueden presentar.

¿Hace falta más compromiso?

Bueno. La Inspección de Trabajo de Bizkaia es la que está tirando y es la que más recargo de prestaciones mete. En el resto del Estado español no hay tantos recargos y actuaciones en el tema del amianto. Hay un problema muy serio. Nos están obligando a determinar que hay amianto en la empresa, primero; y que ese amianto ha generado la relación con la enfermedad. Nos dicen que ha estado fumando y que a lo largo del tiempo ha podido tener contacto con ese mineral cancerígeno en otros lugares. Si los jueces no ven una causa directa, se desestima.

¿Ocurre mucho a su juicio?

Son varios pleitos los que se dejan pasar. Se están perdiendo cientos de millones de euros en indemnizaciones posibles. En principio, se opone todo el mundo, pero hay que ir desgranando todo para probar esa relación del trabajador con el amianto en su vida laboral. Ahora están empezando a salir las consecuencias en muchas empresas. Está habiendo precedentes que nos permiten ir con más casos. En nuestro bufete hemos llevado uno con Acenor. Se consideró responsable subsidiario a su sucesora, Sidenor. Es un precedente para el resto de las plantas. Una barbaridad de trabajadores estuvieron en contacto con el amianto en la siderúrgica. Mucha gente puede potencialmente tener amianto. En el juicio, Sidenor negó que hubiera trabajado con amianto, lo que indica que no pusieron medidas preventivas. Así lo de mostramos.

¿El resto de los trabajadores puede seguir esa vía abierta en Sidenor, AHV, Babcock, Arcelor y otras muchas?

Cualquiera que le pase, puede tirar por esa vía. Se está luchando con uñas y dientes para conseguir esos precedentes. También es cierto que en muchas ocasiones, las empresas compran las voluntades de los afectados. Les ofrecen una indemnización y así no figuran los afectados por amianto en las estadísticas.

¿Ocurre mucho eso?

Ocurre. El Estado español incumple la directiva europea que obliga a que se hagan estudios epidemiológicos. Todo mesotelioma debería estar registrado y debería tener una consecuencia directa en la ampliación de los estudios. Existen en Italia y Francia. Son los dos únicos estados de la UE que cumplen con la directiva. Aquí no, no se lleva registro y la vigilancia de la salud es bastante simbólica.

¿Los empresarios se han aprovechado de que el período de latencia del cáncer varía de diez a cuarenta años?

Dicen que era el material que se empleaba. En Canadá siguen extrayendo asbesto de las minas, que se exporta a China e India.

Sí, pero en Quebec un estudio reciente confirma que no sólo están afectados los trabajadores, sino las poblaciones cercanas a las minas y donde se trabajó con amianto, como ya se desveló en el Estado francés.

Ya. En Chile, donde se producía mucho amianto se prohibió antes, porque comprobaron que las poblaciones cercanas resultaban afectadas. Ahora mismo estamos en una curva subiendo en la aparición de casos, pero cuando empiece a bajar, después de treinta o cuarenta años, los emigrantes que lleguen a nuestros país que tienen contacto con amianto al día de hoy, comenzarán a estar afectados. Seguiremos con el problema. Es un problema mundial. Los países occidentales han prohibido su producción y comercialización, pero se exporta lo mismo que sus consecuencias.

Las demandas por amianto en Estados Unidos llevaron a la quiebra a muchas empresas.

Es distinta aplicación de las normas. Si Acenor o Sidenor tiene una sentencia de un afectado y tuvieron que pagar 240.000 euros más el recargo de prestaciones, unos 400.000 euros, en Estados Unidos lo que se hace es ver cuantos trabajadores potenciales hay afectados, se determina que un 10% o un 8% , lo que significará que habrá 75 trabajadores que puedan morir. Los jueces obligaron a las empresas a provisionar esas cantidades por 75 trabajadores, por ejemplo. Fue lo que llevó a la quiebra a cientos de empresas.

¿Si se hace lo mismo aquí pasaría igual?

Sí.

¿En el Estado francés se creó un Fondo de Compensación, igual que en otros países, para evitar eso?

Sí. Creo que habría que poner otro en marcha aquí. Donde han trabajado y hay fallecidos habría que crear un fondo de compensación y otra cosa que habría que hacer es que igual que se ha creado una clínica especializada para los mineros habría que hacer otra del amianto. ¿Por qué nadie quiere verlo?

¿Dónde debería estar?

En las zonas más afectadas, donde ha habido mucha industrialización, sin duda. Aquí, en Galicia, en Catalunya. No podría estar en muchos sitios. Es necesario, pero no se hace para no reconocer que el amianto es el causante de muchas muertes. Dése cuenta de que hasta el año 1982 los filtros de los cigarrillos llevaban amianto y hay juguetes que tienen amianto. No estamos hablando de cosas baladíes.

¿Ese fondo tendría que tener unas provisiones económicas muy elevadas?

Sí. Porque hay muchas pequeñas empresas que no han trabajado con amianto, pero existía como aislante, etc y ha podio infectar a trabajadores. Si le metes el recargo y la indemnización, se hunde. Serviría para que no pase lo de Estados Unidos y salvar a las pequeñas empresas, porque nuestro tejido productivo es pequeño.

¿Los empresarios deberían contribuir al mismo?

Sin duda. Mi opinión es que los accidentes laborales son un delito. Es un tema penal, lo mismo que si no se ha prevenido para que tengas una enfermedad profesional. Cada palo que aguante su vela. De hecho, tienes la condena de Unión Naval de Valencia. Admite delito contra la seguridad de los trabajadores. Catorce directivos aceptaron 14 meses de cárcel y multas millonarias y una indemnización de 11 millones de euros para los 71 afectados. Es un delito. Es lo que queremos potenciar, decir a la gente que esto no es un juicio social, puede ser delito, que hay responsables con nombres y apellidos, y que pueden ser condenados veinte o treinta años después.

¿El fondo pararía esto?

No.

¿Tendría que asumir eso la empresa o el Estado?

Primero las empresas. El Estado sólo podría entrar cuando las empresas no existen, o cuando el Estado ha sido propietario anterior de la empresa. Pero ahí, sin quitarle la responsabilidad al Estado, al privatizar se transfiere esa responsabilidad. Otra cosa es que debes ajustar con el Estado si lo ha hecho bien o no.

¿Es optimista de cara al futuro teniendo en cuenta que hay sentencias para todos los gustos?

Estamos abriendo el camino. Hay que dar esos pasos. Es cierto que algunas empresas indemnizan antes para no ir a juicio, pero si me guío por los casos del acoso moral, por cada juicio arreglamos cinco más, como mínimo. Tienes que reconocer que no ha habido acoso. Se paga por eso. Es así, pero hay que tenerlo en cuenta.