Alberto CASTRO Analista bursátil

En las reuniones anteriores del G-20 y ahora, en el Foro Económico Mundial de Davos, se ha vuelto a poner de manifiesto la escasa convicción de los mandatarios a la hora de regular el sistema financiero con mano de hierro. Es decir, no saben o no les interesa mucho, más allá de las intervenciones protocolarias, pisar el acelerador para zanjar una cuestión vital para la economía mundial como es evitar la impunidad de las entidades financieras en el futuro.

A estas alturas de la crisis ya se sabe que los bancos son los causantes directos y que la arrogancia de muchos de los directivos trata de tapar las consecuencias de su nefasta gestión. Es de sobra conocido que ellos, con sus decisiones interesadas y avariciosas, han traído el desempleo masivo, el cierre de empresas y la penuria a una infinidad de hogares. Por tanto, hacen faltan medidas urgentes para diseñar un nuevo modelo que dé más oportunidades a los que necesitan de su apoyo para acceder a créditos y servicios en condiciones más razonables. Sería deseable que alguien pudiera, por fin, poner ese cascabel de la justicia social al gato del sistema financiero. Y para ello hace falta intentarlo en serio.

Por el momento, algunos mandatarios, como en el caso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, están disparando con balas de fogueo para calcular la respuesta del enemigo. Ha pasado del «si quieren guerra los bancos, la tendrán» en el momento de presentar su vaga propuesta de regulación financiera a «no quiero castigar a los bancos» en su reciente discurso del Estado de la Unión.

Pero es que sí hay que castigar a los bancos, porque lo han hecho mal y además no desean aprender. Se debe elevar el nivel de exigencias y control de sus actividades, sin dejarse engañar por subterfugios que hablan de tener una mejor regulación y no una mayor regulación. Sus actuaciones a día de hoy les siguen delatando.

Un caso flagrante de esta conducta irresponsable es el pago de multimillonarios complementos salariales, otra vez al alza cuando no han transcurrido ni dos años desde el rescate de varias entidades. Se dice que, con cargo al año pasado, seis de los más grandes bancos estadounidenses repartirán 150.000 millones de dólares, cuando en 2007, en plena gestación de la crisis, estos premios llegaron hasta los 164.000 millones de dólares.

No se deben olvidar, por lo escandaloso de la situación, las cuantiosas primas que se embolsaron los primeros directivos de esas firmas después de dejarlas al borde del colapso. Pero es verdad, por otra parte, que algunos ejecutivos han reconocido hace pocas semanas haber cometido errores ante la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera del Congreso estadounidense, aunque ello se debió en gran medida al hecho de haber dejado en manos de las agencias especializadas el análisis del riesgo.

También asumieron, aunque con poco entusiasmo, la necesidad de cambiar algunas normas para fortalecer el sistema financiero después de la crisis.

A partir del próximo mes de febrero se debatirá en Estados Unidos el futuro de las controvertidas propuestas de Obama. En una primera intención apuntan a delimitar las inversiones por cuenta propia de los bancos y reducir su tamaño. Evidentemente, la urgencia para salvar al sistema financiero ha obligado a muchos estados a acudir al rescate mediante el modelo de la fusión, en el que se daba cobijo a la firma a punto de quebrar.

De hecho, han nacido nuevos gigantes. Ahora, sin embargo, se espera una respuesta conjunta de todos los estados para regular el funcionamiento de las grandes entidades, las «demasiado grandes para caer», a la hora de proceder a su liquidación.

El Consejo de Estabilidad Financiera del G-20 ha identificado a 31 colosos que podrían poner en peligro el sistema financiero en caso de quiebra. Entre ellos se incluyen BBVA y Santander. Se propone, como primera idea central, que estos gigantes dispongan de su propio programa de autodemolición controlada, en el que la afección al sistema sea previamente calculada.

Como complemento a la nueva regulación financiera, Obama pretende instaurar un gravamen sobre parte del pasivo de los bancos más importantes, que podría reportar al fisco estadounidense, según algunos cálculos, cerca de 120.000 millones de dólares en diez años. Una cantidad muy inferior, por ejemplo, a lo que los seis bancos más grandes repartirán entre sus empleados en un solo ejercicio.

En la reunión de Davos, un mero foro de opinión, se ha vuelto a amagar con una llamada al orden y una exigencia de mayor regulación para el sistema. Las palabras escuchadas, al menos, suenan bien, pero en algunos casos son descarnadas paradojas. Y así es cuando Doris Leuthard, la presidenta de Suiza, el país de las cuentas secretas, abría el encuentro atacando a los banqueros por evadir sus responsabilidades y entregar todavía hoy grandes cantidades en bonos.

La primera impresión es que ninguno de estos mandatarios desea, de verdad, colocar el cascabel al gato.