El presidente de la «asociación sin ánimo de lucro» Basolanak Elkartea, el ex director de Desarrollo Rural de Lakua hasta 2003 Ibon Mandaluniz Basagoiti, presentó el 8 de junio de 2009 ante la Diputación vizcaina una petición de subvención destinada a promover un estudio sobre el uso de la biomasa forestal en la producción de energía renovables. El Consejo foral le concedió el 21 de julio una ayuda directa por valor de 1,5 millones de euros y se ordenó el pago de la mitad; el 17 de diciembre se firmó el abono del resto.

El modo en que se dio la subvención millonaria ha levantado las sospechas de la oposición en la Cámara vizcaina, acrecentada al confirmar ayer la diputada de Agricultura, la jeltzale Irene Pardo, que el 90% de la par- tida -alrededor de 1,4 millones-, sirvió para pagar las pruebas que la empresa Smurfit Kappa realizó en su planta papelera de Iurreta y las efectuadas por una filial de ésta en once montes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Pardo defendió la importancia del estudio elaborado para el sector forestal, en crisis y necesitado de incrementar la rentabilidad a las hectáreas de pino radiata y eucaliptus que pueblan los montes vizcainos. La combinación entre la venta de la madera y destinar los residuos a la producción de energía puede ser, a juicio de los responsables forales, una salida a una actividad tocada por la bajada de los precios.

El apoderado del PP Arturo Aldecoa, por contra, criticó que no se hubiese realizado un concurso público y que, en la práctica, «se haya pagado a Smurfit por un trabajo que puede aprovechar en su propio beneficio». En noviembre pasado, la multinacional que produce papel y cartón para embalajes informó que precisamente en sus instalaciones de Iurreta, en el primer semestre de 2011, pondrá en marcha la primera central de bio- masa forestal de la CAV.

Desde la Diputación se negó, al igual que desde el PNV, pero no convenció la naturaleza jurídica de la asociación que recibió la ayuda y que Smurfit Kappa y varias de sus filiales sean socias de ella. Josu Murgia, de Aralar, subrayó que la subvención millonaria concedida no ayuda al sector forestalista en su conjunto, sino a lo que denominó «lobby forestal», con vinculaciones con los jeltzales. Y Aldecoa añadió que «algunos forestalistas vizcainos se están can- sando de que las subvenciones buenas siempre vayan a las mismas manos».

Las acusaciones de PP y Aralar no gustaron a la diputada ni a su partido, dolidos porque los primeros hayan filtrado datos a la prensa; ayer también. Aldecoa, que alardeó de poseer más información que la esgrimida en el prolongado debate, anunció que su partido llevará el caso al Tribunal Vasco de Cuentas y solicitará en Juntas una investigación exhaustiva. PSE, EB y Aralar también quieren más explicaciones, al entender que no está claro el carácter público y social del proyecto financiado.

En su defensa, Irene Pardo destacó que el trabajo promovido por Basolanak Elkartea va a permitir conocer con detalle el potencial real de la biomasa en la CAV, que situó en 60.000 toneladas verdes al año.

Además, dijo que tras las pruebas realizadas en la planta de la multinacional en Iurreta tienen una estimación muy aproximada de la rentabilidad que los forestalistas pueden sacar a los residuos.

El trabajo, detalló la responsable de Agricultura, se acometió en 320 hectáreas de once montes de los tres herrialdes que conforman la CAV, de las que se extrajeron 23.875 metros cúbicos de madera, siendo 3.573 de biomasa. Así, se obtuvieron 149 kilos de residuos forestal por metro cúbico de madera con una rentabilidad estimada por los técnicos de la Universidad Politécnica de Madrid -redactores del informe de conclusiones, que ha costado 3.000 euros- de 42,75 euros por tonelada.

Poca información de Errigoiti

Si en los puntos referidos a la subvención millonaria a Basolanak Elkartea se ofrecieron múltiples detalles acerca de su concesión y el objeto de la misma, no sucedió lo mismo en la petición de explicaciones sobre el proyecto de planta de biomasa forestal en Errigoiti. La diputada foral de Agricultura argumentó que las competencias recaen en los departamentos de Agricultura e Industria de Lakua, aunque confesó que la institución vizcaina ve con buenos ojos proyectos como el que pretende levantar Bioforest Bost SLU en el futuro polígono industrial de Malluki, en el barrio errigoitiarra de Olabarri.

Josu Murgia, de Aralar, acusó a Pardo de no tener voluntad de responder, incidiendo en que la Diputación algo tendrá que decir en capítulos como la modificación de las Normas Subsidiarias o del Plan Parcial para que la planta energética tenga acomodo en el planeamiento urbanístico de la localidad.

Le respondieron desde las filas jeltzales. El apoderado Jesús Suso dijo que es el Ayuntamiento de Errigoiti el que tiene la «capacidad legal» para otorgar el permiso, «y le habrá parecido bien». El ex alcalde de Balmaseda apostilló que, además, es el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Gasteiz el que tiene la última palabra, al ser quien debe dar el visto bueno al estudio de impacto ambiental de la planta de biomasa forestal.

Pardo, por su parte, contestó que no se negaba a dar información a las Juntas Generales, pero aclaró que el asunto es de competencia autonómica. «No sé en qué fase está el proyecto», apuntó, remarcando que la institución saluda la iniciativa para sacar rendimiento energético a los residuos forestales y consoderó que puede ser «positivo» para el desarrollo económico de la comarca.