Los cinco cargos del PNV tendrán que comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbo como presuntos autores de un delito urbanístico al aprobar, en julio de 2007, el proyecto de centro cívico pese a la advertencia de la secretaria municipal de que se incurría en una ilegalidad al ha- berse denegado el visado del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN).

La causa penal se inició después de que electos de la izquierda abertzale excluidos por el Gobierno español de ocupar su acta de concejal denunciasen el caso a la Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia. El Ministerio Público estimó que, al votar a favor del proyecto de Uribarri Topalekua, los ediles del PNV cometieron un delito al estar advertidos de que el Colegio de Arquitectos no había concedido el visado por incumplir la edificabilidad, así como «destrucción de bienes catalogados por el Ayuntamiento o declarados de interés cultural».

La izquierda independentista ha sido admitida en el proceso como acusación popular. Su abogado ha solicitado a la jueza que también declare como imputada la segunda teniente alcalde, la jeltzale Amaia Arteaga, aunque la titular del juzgado aún no se ha pronunciado.

En un informe pericial solicitado por la jueza, se reconoce el exceso de edificabilidad en Uribarri Topalekua. No obstante, el informe apuntaba que, con la modificación de Normas Subsidiarias (NNSS) de 2008, la construcción puede ser legalizada, sin tener en cuenta que los cambios en las NNSS fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La defensa de los cargos jeltzales aduce que la sentencia del TSJPV está recurrida en casación ante el Supremo español y que antes el TSJPV no acordó su ejercución provisional. El letrado de la alcaldesa argumenta que se anuló la modificación de las normas, pero no la norma foral que pone en vigor dicha reforma. Esta norma foral, por cierto, sí está recurrida pero en otro procedimiento que se sigue por vía contencioso administrativa.