«El Ayuntamiento de Sestao, con su alcalde, José Luis Marcos Merino, nos da la espalda». Esta denuncia fue lanzada ayer por Vanessa Aparicio, de 30 años, con una hija de un año a su cargo, y Janire Calvo, de 26 años, con un hijo de un año a su cuidado. Están en paro, sin recursos económicos suficientes para hacer frente a su vida. No tienen para pagar las hipotecas de sus viviendas, ni la luz. Están preocupadas, por lo que junto a miembros de la plataforma contra la exclusión social Berri Otxoak denunciaron su situación ante las puertas de la Casa Consistorial de Sestao.

Como sestaoarras han acudido a las oficinas de Bienestar Social y han tocado la puerta de la Alcaldía. «Hemos recurrido al Ayuntamiento porque creo que deben ayudar a la gente del pueblo cuando está en situación crítica, como nosotras, pero no lo hacen. Dicen que nuestros casos no son urgentes y nos envían a que acudamos a las inmobiliarias. Nos dan la espalda. Sólo pedimos un trabajo digno y un piso de alquiler social donde podamos vivir con nuestros hijos», afirmó Janire Calvo.

Berri Otxoak denunció que en esa localidad de Ezkerraldea, de las 125 viviendas que son propiedad de la administración local, «dieciocho se encuentran vacías, como dijo el propio alcalde Marcos Merino en declaraciones a los medios de comunicación hace unas semanas».

Vanessa Aparicio destacó a GARA que «he estado trabajando mucho. Era fija en un taller del gremio de la Construcción, pero me despidieron. Intenté buscar un trabajo, pero entre la crisis económica y el embarazo me impidieron rehacer la vida laboral». Estuvo viviendo de la prestación por desempleo, pero en octubre del año pasado «se me acabó. Con el subsidio de los 420 euros me he visto en la impotencia de no poder pagar la comida, la hipoteca de 750 euros mensuales, ni la luz. He tenido suerte -explica- porque Cáritas me adelantó las ayudas de emergencia social, pero se ha acabado. Cualquier día me cortan la luz y me desahucian. Tengo miedo, por mi hija y por mí».

Janire Calvo, de 26 años, trabajó en diferentes empleos, «incluso para el Ayuntamiento de Sestao». Igual que su compañera de desdicha, «me quedé embarazada, se me terminaron los contratos, y nadie me los renovó. He tenido que pagar 700 euros por la hipoteca del piso, pero me quedo ya sin recursos».

Ambas detallan que «desde Bienestar Social nos envían a las inmobiliarias, para que busquemos un alquiler más bajo, pero nos piden un 30% de la nómina segura para pagar el piso y unos avales de 4.000 euros. No podemos. No tenemos empleo».

Estos dos ejemplos son la cara y los ojos de la crisis real que golpea con dureza a los más necesitados, a pesar de que cajas y bancos están haciendo el negocio de su vida en 2009. La plataforma Berri Otxoak denunció el caso de ambas mujeres, «que están abocadas a empleos esporádicos» y que difícilmente supondrán «una garantía suficiente para hacer frente a esas hipotecas elevadísimas por pisos de una o dos habitaciones como son los casos de Vanessa y Janire». Ante la crisis, el colectivo denuncia que el Ayuntamiento de Sestao ha recortado «la asignación presupuestaria destinada a las ayudas sociales para garantizar a los vecinos el acceso y mantenimiento de una vivienda». Berri Otxoak afirma que en Sestao 38 familias ya han sido desahuciadas hasta el momento, que unidas a las 110 de Barakaldo, son un reflejo de que en Ezkerraldea la crisis está golpeando de nuevo con fuerza. Por eso, Janire y Vanessa emplazan al alcalde, José Luis Marcos Merino, a que garantice «el derecho que nos asiste para contar con una vivienda digna».