Ante la firma del Convenio de Colaboración para la elaboración de un «mapa de fosas» que el Gobierno de Gasteiz ha firmado recientemente en Madrid con el Ministerio de Justicia español, desde Ahaztuak 1936-1977 (Víctimas del golpe de estado, de la represión y del régimen franquista) queremos expresar una primera valoración sobre este hecho.

Partiendo de que siempre nos parecerá positivo que el Estado y sus instituciones asuman en la práctica el papel que les corresponde en lo referente a los derechos de las víctimas del franquismo, que es una de las reiteradas demandas de nuestra asociación y de otras tantas, no puede parecernos mal a priori la firma de un acuerdo cuyo objetivo es, por lo que hemos leído en prensa, elaborar un mapa de fosas para ayudar a los familiares de las personas desaparecidas susceptibles de estar en ellas a lograr su identificación y proceder a su inhumación en caso de decidirlo así.

Sin embargo, el primer punto de crítica hacia ese acuerdo es precisamente el desconocimiento del acuerdo que más allá de lo leído u oído en los medios de comunicación tenemos las asociaciones de víctimas del franquismo y las propias víctimas, toda vez que nadie desde ningún estamento institucional se ha puesto en contacto con nosotros para realizar un contraste o recabar nuestras opiniones o aportaciones a lo que el convenio propone.

El segundo punto de crítica es que un convenio sobre «fosas comunes» donde se hallan sepultadas desde hace más de setenta años decenas de miles de víctimas del genocidio franquista debería contemplar la asunción por parte del Estado y sus instituciones del costo absoluto tanto de las exhumaciones posibles como del entierro en caso de darse, así como de las pruebas de ADN que las personas susceptibles de estar relacionadas con las que allí se hallan necesiten para una correcta identificación.

Como tercer elemento de crítica, y a tenor de lo recabado en los medios de comunicación hasta ahora, no se contempla en ese convenio un protocolo de exhumaciones acorde a lo que marca la legislación internacional de Derechos Humanos, esto es, que obligue a que sea la autoridad judicial pertinente la que acuerde las medidas oportunas para ese levantamiento, todo ello en un marco de investigación de los delitos que cometieron las personas que asesinaron o hicieron posible el asesinato de los hombres y mujeres allí enterrados, ya que de no hacerlo así, puede conllevar la destrucción de las pruebas de los delitos cometidos, hacer que las pruebas halladas puedan carecer de validez o que quede rota la cadena de custodia de las mismas y no puedan ser utilizadas en el proceso penal correspondiente que, por descontado, debería abrirse. Nada de esto parece estar recogido en este convenio, según las informaciones dadas públicamente.

Como cuarto punto de crítica figura para nosotros lo que tiene que ver con la información necesaria para realizar dicho «mapa de fosas» y con la gestión de la misma. Por un lado, y por muy bien que se intente recabar o se haya recabado la información para la localización de estas fosas a través de testimonios fundamentalmente, el grueso de las posibilidades de hacer un mapa de fosas sigue estando en manos de la información que la Guardia Civil y también la Iglesia siguen custodiando en sus archivos y que, como es sabido y también se demostró con ocasión del famoso auto del juez Baltasar Garzón y en tantas otras ocasiones, siguen estando tan opacos a miradas que estos estamentos o sectores importantes y poderosos de los mismos siguen considerando inoportunas e indiscretas.

En resumen, desde Ahaztuak 1936-1977 creemos que con la firma de ese convenio vuelve a evidenciarse una vez más la plena vigencia del «modelo español de impunidad», un modelo que en esta ocasión hará que en el marco de Euskal Herria nos encontremos con un convenio que se aplicará en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y se desconocerá en Nafarroa, en función de la adscripción política de cada uno de los gobiernos autonómicos, lo mismo que sólo serán siete comunidades autónomas -las de Gobierno socialista- las que han firmado ese Convenio con el Ministerio de Justicia. Entendemos que esto cuestiona muy mucho la voluntad real del Gobierno y del Estado español de querer realmente acabar con el modelo español de impunidad vigente hasta hoy, toda vez que sigue dejando a la voluntariedad el atender o no a las justas demandas y reivindicaciones de las víctimas del franquismo, incumpliendo una vez más los propios acuerdos para la persecución de los delitos de genocidio y de lesa humanidad que suscribe a nivel internacional.

A la vista de todo ello, creemos que a través de la firma de ese Convenio se revela una vez más una foto que mirándola en su conjunto -no sólo al anuncio de la elaboración de ese mapa de fosas que nosotros también reclamamos y apoyamos- nos vuelve a mostrar la elección de hacer algo premeditadamente mal cuando se podía haber hecho bien. No podemos decir otra cosa ante la elección de un Convenio más que insuficiente que obvia casi todos los elementos de esa verdad, justicia y reparación que venimos demandando los familiares de las personas que desde hace más de setenta años están en esas fosas que aparecerán en el mapa que se elabore y que, a través de nosotros, también ellos y ellas demandan.