Querella contra Baltasar Garzón
El TS insiste en juzgar a Garzón por prevaricar en su caso contra el franquismo
El Tribunal Supremo sigue adelante con su intención de juzgar al magistrado Baltasar Garzón por haberse saltado la ley al abrir la causa sobre las víctimas del franquismo. Le acusa de un posible delito de prevaricación.
I. IRIONDO | GASTEIZ
El juez del Tribunal Supremo español Luciano Varela desestimó ayer la petición de sobreseimiento de la causa formulada por el abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y decidió seguir adelante con las querellas por prevaricación que contra el magistrado presentaron el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.
El instructor del caso asegura que el juez de la Audiencia Nacional «decidió conscientemente ignorar u orillar» la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar las desapariciones durante la denominada Guerra Civil y el franquismo.
El auto hecho público ayer es inmisericorde con la actuación de Garzón. Sostiene que «era consciente de que carecía de competencias para instruir la causa»; que «era consciente de que no existían hechos con relevancia penal subsistente que justificaran la incoación de un procedimiento penal»; y que «pudo actuar con voluntad de eludir» las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica y «con la voluntad de asumir en la jurisdicción funciones atribuidas a las administraciones públicas en materia de localización e identificación de víctimas». Y todo ello lo hizo saltándose y tratando de «hacer infectiva la voluntad que la sociedad democrática y los poderes legítimos y democráticos del Estado habían expresado en la Ley de Amnistía de 1977».
Injustificado
Repasando la actuación de Baltasar Garzón desde el principio, el auto señala que «la incoación de las diligencias previas, a consecuencia de las denuncias iniciales, no estaba justificada». Después estuvo once meses sin recabar el parecer del fiscal y cuando se lo pidió y recibió, estuvo otros ocho meses sin tomarlo en consideración.
El instructor considera también que la puesta en marcha de una investigación desmedida «presupone ya la asunción de la competencia».
Por último, el auto recoge que la decisión final de asumir la competencia del caso es contraria a derecho, porque el ardid legal de hablar de un delito de lesa humanidad «no autoriza a reavivar una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción y por amnistía».
Además, el juez Varela aclara que «la loable finalidad de procurar reparaciones y satisfacciones para las víctimas de los horrendos hechos origen de la causa» no puede «justificar jurídicamente la incoación y prosecución de una causa penal».
Cabe recordar que un mes después de haber abierto el caso, Baltasar Garzón acabó inhibiéndose por no haber ya responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal y delegó en los jueces ordinarios la decisión de permitir abrir fosas. Pues según el Tribunal Supremo, incluso esa decisión está mal tomada, porque «la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento ya no le correspondía, y tampoco era jurídicamente procedente la inhibición en favor de otros juzgados».
La defensa de Garzón tiene tres días para recurrir este auto. En su favor tiene que la Fiscalía, que dijo que no podía abrir esa causa, no cree que por hacerlo llegara a prevaricar.
El Supremo le investiga también por cohecho, prevaricación y estafa en relación con los 300.000 euros que percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York. Y el Colegio de Abogados de Madrid se querellará por escuchas a letrados en el «caso Gürtel».
La Ley de Amnistía de 1977 quiso presentarse como un reconocimiento de la lucha contra el franquismo y la salida de las cárceles de quienes habían comprometido su vida peleando por la libertad nacional y social fue recibida por alborozo por buena parte de la sociedad. En Euskal Herria se hicieron emotivos recibimientos a los presos políticos, ya fueran de ETA o de otras organizaciones.
Pero aquella ley incluía no sólo a los antifranquistas, sino también a los franquistas y a quienes pusieron su fuerza o su saber al servicio del dictador. Entre los hechos amnistiados se incluían «los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley». Y, de forma más extensiva, «los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas». Esto, como se ve ahora, constituyó una ley de punto final.
De esta forma, los mismos militares que componían el Ejército de Franco siguieron conformando las Fuerzas Armadas constitucionales; los mismos policías que apaleaban, detenían y torturaban a los antifranquistas siguieron «trabajando» con absoluta impunidad; y los mismos jueces que defendían la legalidad de la dictadura siguieron defendiendo la legalidad de los nuevos tiempos. De hecho, muchos de los que habían tenido cargos políticos y hasta ministeriales durante el franquismo los siguieron manteniendo. No hubo más depuración de las estructuras del franquismo que la meramente biológica.
Éstas fueron las condiciones de «la transición» que se ha pretendido luego vender como modélica y ejemplar.I.I.
El Parlamento de Gasteiz -con los votos de PSE, PP y UPyD- rechazó ayer la creación de una «comisión de la verdad» que esclarezca las violaciones de derechos humanos durante el franquismo y apostó por mantener e intensificar las acciones dirigidas a recuperar y honrar la memoria de quienes padecieron las injusticias de la guerra y de la dictadura.
Por su parte, PNV y Aralar apoyaron la moción presentada por EA pidiendo la creación de dicha comisión para que las víctimas pudieran «obtener justicia y reparación».
La enmienda transaccional acordada entre PSE y UPyD, que obtuvo los votos del PP, reclama al Ejecutivo de Patxi López que mantenga el convenio «que permita completar el mapa de fosas en Euskadi», que realice la convocatoria de subvenciones para investigaciones sobre la Memoria Histórica y que habilite «los fondos necesarios para el pago de indemnizaciones a los beneficiarios del Decreto 280/2002».
El proponente, Jesús Mari Larrazabal, señaló que esto suponía un intento de dejar pasar el tiempo hasta que las víctimas vayan muriendo. GARA
