Philippe Rey, prefecto del departamento de los Pirineos Atlánticos, no tardó en reaccionar a la posición manifestada la víspera por Batera respecto a la consulta popular sobre la conveniencia de una institución territorial para Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa que pretenden realizar aprovechando la cita electoral de las regionales el 14 de marzo próximo.

Lo hizo acompañado del subprefecto de Baiona, Eric Morvan, para reiterar con firmeza la advertencia que ya hiciera a los alcaldes vascos el 22 de enero vía carta oficial, a saber, que «según la ley» éstos no pueden colaborar con medios o locales institucionales en la organización de dicha consulta so pena de incurrir en una ilegalidad que pudiera ser sancionada incluso con la revocación del cargo.

Las asociaciones pueden

Rey no negó dicho derecho a las asociaciones como Batera. De hecho, ya se han dado casos de consultas populares no oficiales en relación con el proyecto de la nueva línea del TAV o, más recientemente, con la privatización de La Poste.

El representante del Estado argumenta que los ayuntamientos sólo tienen competencia para organizar consultas o referéndos en asuntos y temas que conciernen al marco insitucional de su territorio. Dado que «la demanda de creación de una colectividad territorial específica para el Pais Vasco releva del marco legislativo», los ayuntamientos no pueden, según Rey, ni organizarlos ni participar en su desarrollo.

No ha amenazado

Además, Rey rebatió que la carta dirigida tuviera un tono «amenazante» como lo denunció Batera: «Me he limitado a recordar la ley y los deberes de los alcaldes los días de elecciones y ello tras la petición de algunos alcaldes que se han dirigido a mí para pedir aclaraciones. No he prohibido nada. Si recordar lo que dicen los textos legales -que dicho sea de paso no soy yo quien los elabora- es considerado como una provocación, es de preocupar».

Sin embargo, el prefecto reconoce que también ha habido una parte de iniciativa propia en la misiva dirigida a los alcaldes, «porque supe que los impulsores de dicha consulta -Batera- tenían la intención de pedir la colaboración de los alcaldes y debía clarificar que el día de las elecciones actúan como representantes del Estado y que no pueden dar lugar a confusiones entre los electores».

Preguntado si el día del escrutinio establecerá medios específicos para controlar si los alcaldes colaboran con la consulta, respondió que «los días de elecciones siempre hay una verificación de que el escrutinio se desarrolla según las reglas, pero el 14 de marzo no habrá ningún dispositivo particular. Para decirlo claramente, este prefecto «liberticida» como alguien me ha definido no pondrá una compañía de CRS para verificar lo que hace cada alcalde».