El Tribunal Supremo ha ratificado que existen indicios suficientes para procesar al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación, en relación con su investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo. Haciendo un ejercicio de abstracción jurídica, no cabe sino aceptar que el magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal español lleva razón. Garzón, en un nuevo alarde de sobreactuación, pasó por alto en su instrucción un elemento obvio, esencial: aquellos a quienes pretendía juzgar están protegidos, blindados, por la Ley de Amnistía que aprobaron las Cortes Generales españolas como uno de los resortes que abrieron las puertas a la mal llamada «transición» de la dictadura al régimen «democrático».

Quién sabe si por arrogancia o simple ingenuidad, con su investigación Garzón arremetía contra los mismos cimientos del actual Estado español, prolongación de una dictadura sin depurar, cuyos responsables nunca llegaron a responder por sus crímenes. De ello es prueba palmaria que militares, policías o incluso jueces siguieron controlando las mismas esferas de poder que detentaban durante el régimen franquista, que fingió agonía, pero nunca llegó a morir porque política y socialmente perduró en las estructuras centrales del Estado. Garzón no pretendía, no se atrevió a juzgar esto. Porque si realmente quería investigar el franquismo, su error fue volver la vista al 36, cuando con salir del pasillo de su despacho en la Audiencia Nacional o cruzar la calle habría cubierto el recorrido necesario para cargarse de las pruebas necesarias para encausar al Estado español por graves delitos contra la democracia.

Con todo, quizá lo más estridente sea escuchar ahora el rasgar de las vestiduras de la «progresía» española, que denuncia con fingida amargura el trato a Garzón, aun a sabiendas de que sólo su propia complicidad permitió que la dictadura se acorazase política y judicialmente frente a cualquier intento -incluida la bufonada de Garzón- por rescatar la verdad del oscuro abismo franquista.