La investigación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sobre la desaparición de Jon Anza, además de «un informe del estado físico y mental en el que se encontraba en el momento de su desaparición», incluiría, según informó la agencia Europa Press, un «análisis exhaustivo de las llamadas telefónicas que realizó los días previos» a su desaparición, así como las efectuadas por «las personas de su entorno más próximo».

El hecho de que un juez español ordene a la Policía española la investigación en tales términos da a entender que el militante estaba bajo vigilancia de agentes españoles. Al menos se deduciría que sí cuentan con los efectivos y medios técnicos para poder hacerlo, independientemente de que posean o no competencia para indagar en los re- gistros o ficheros del Estado francés.

Pese a ello, durante casi un año desde instancias judiciales españolas no se ha hecho ningún movimiento relacionado con el caso, y este sumario sólo se ha abierto después de que las autoridades francesas enviaran una comisión rogatoria a las españolas para recabar su colaboración en este caso.

Móviles de prepago

Esta circunstancia choca con la conclusión que ofrecieron los jueces españoles que fueron requeridos, también por la Justicia francesa, en el caso de Juan Mari Mujika.

En el asunto del ataundarra secuestrado en Donapaleu el 11 de diciembre de 2008, las pesquisas policiales francesas llegaron a detectar movimientos de cuatro teléfonos móviles españoles, según reveló en primera instancia el diario ``Le Monde'' el 4 de diciembre pasado.

Sin embargo, un mes y medio más tarde, ``El Correo Español'' daba a conocer que la Audiencia Nacional «no logró identificar a los titulares de las líneas» porque al tratarse de teléfonos con tarjeta prepago, cuya venta sin obligación de identificación previa estaba aún vigente en aquellas fechas, era imposible saber a quién pertenecían o quiénes pudieron utilizarlos.

El rotativo vizcaino añadía que la infructuosa búsqueda podría, incluso, llegar a blo- quear la investigación en el Estado francés para esclarecer el secuestro de Juan Mari Mujika.

En el caso de Anza habrá que ver las conclusiones de los informes solicitados por Andreu pero, si van en la línea anunciada por la agencia de noticias, es probable que tampoco lleguen a aclarar nada. Máxime cuando, como ya informara GARA, cuerpos policiales españoles tuvieron intervención directa en la desaparición del donostiarra.

El mismo juez Andreu instruye también la desaparición de otro militante de ETA, Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur. En este caso han pasado ya casi 34 años sin datos. Pese a haber viajado a Italia para seguir la nueva pista que atribuía su desaparición a ultraderechistas italianos, la última decisión del juez ha sido citar como imputado al preso Francisco Mujika Garmendia, Pakito.