Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, CGT y CNT, plataformas contra la exclusión social, asociaciones de vecinos, grupos de mujeres, colectivos como SOS Racismo y otros de apoyo a inmigrantes e Iniciativa Gitana, son algunos de los agentes que firman el manifiesto «Por la defensa de los derechos sociales», en el que expresan su desacuerdo con los recortes en las políticas sociales que propone el Ejecutivo de Patxi López. «En una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las ayudas sociales, el Gobierno vasco, que se autodenomina progresista, ha decidido hacer un recorte drástico de las mismas», denunciaron.

A estos sindicatos y agentes sociales les preocupa, en particular, el retroceso que en materia asistencial supone el borrador del Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos y el Decreto Regulador de la Prestación complementaria de Vivienda.

Con respecto a la llamada «garantía de ingresos», explicaron que el borrador de Lakua plantea que las familias con un trabajo precario sólo podrán completar su bajo salario durante un límite de dos años. «Después se les suspenderá el cobro de la ayuda social», según subrayaron, «aunque sigan trabajando con contratos basura y sueldos bajos». «Esto supone que si a partir de dos años sigues en la pobreza, el Gobierno vasco te da la espalda», censuraron.

Calificaron de «inadmisible» que la administración marque límites temporales a una ayuda en un panorama económico y laboral como el actual, sin signos de recuperación en un futuro cercano. Además, consideraron que la nueva normativa del Ejecutivo «va en contra de la conciliación laboral y familiar, ya que no se va a poder cobrar una ayuda social y acogerse a una excedencia por cuidado a familiares dependientes».

Por lo que respecta a las ayudas relacionadas con la vivienda, denunciaron que se establezca un máximo de dos prestaciones sociales por vivienda. «Esta medida va en contra de las personas que no les queda más remedio que compartir piso con otras para hacer frente al abusivo precio de los alquileres, por ser jóvenes, por tener empleos precarios o porque, por ejemplo, han abandonado su vivienda por motivo de una separación», destacaron, al tiempo que adelantaron las consecuencias que acarreará la medida: «muchas personas se verán forzadas a sobrevivir sin prestaciones en todavía peores condiciones de vida o a tener que mentir sobre el empadronamiento». En el mismo sentido, criticaron que se dejen sin validez los contratos de hospedaje/pupilaje, o alquiler por habitaciones, «cuando son una de las formas más habituales que tienen las personas y familias más desfavorecidas para acceder a un piso compartido».