Treinta y nueve días, casi seis semanas, ha permanecido la presa política vasca Lorentxa Guimón en huelga de hambre. Treinta y nueve interminables días para conseguir que la Administración francesa le garantice el respeto de unos derechos elementales que le negaba, actitud en la que ha destacado la Dirección de la cárcel de Roanne, que ni siquiera se ha dignado a comunicar directamente la decisión de traslado de Guimón a otra prisión que ha motivado el fin de su largo ayuno. No cabe sino alegrarse por el final de la huelga de hambre de Lorentxa Guimón. No cabe sino alegrarse porque ha logrado arrancar la promesa de que en Rennes le serán respetados derechos tan elementales como comunicar con su hija de siete años y su marido, estar con otros presos vascos y disponer de unas condiciones de vida dignas.

Pero, junto a esa alegría, resulta inevitable la preocupación por el hecho de que los presos vascos se ven obligados a poner en grave riesgo sus vidas para lograr algo tan básico como el respeto a sus derechos, esos que los estados francés y español, quienes tienen la obligación de velar por su cumplimiento, utilizan como instrumento represivo para lograr la sumisión ideológica y política. Preocupante, y lamentable, resulta asimismo la tardanza en reaccionar o la falta de reacción de políticos firmemente defensores, dicen, de los derechos humanos.