Aritz INTXUSTA

Vicente Ripa, delegado del Gobierno, decidió prohibir una manifestación convocada por 40 colectivos que, como cada año, salieron a la calle para reivindicar los derechos de la mujer el Día de la Mujer Trabajadora. La lógica de la censura del acto suena a otros tiempos: la convocatoria reivindica el derecho al aborto y no todos los partidos políticos comparten esta idea. Por tanto, reivindicar los derechos de la mujer supone interferir en política. El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa ratificó después la validez de este argumento.

 

La Comisión 8 de Marzo y los otros 40 convocantes decidieron sustituir la manifestación por una concentración y una kalejira. Lo anunciaron en prensa y lo comunicaron a la propia Delegación. Sin embargo, la policía decidió multar de forma aleatoria a quienes se acercaban a la Plaza del Castillo. Por ejemplo, un grupo de catorce personas de Atarrabia fueron multadas antes de llegar al punto de encuentro de la kalejira.

 

En las multas se acusa a esas catorce personas de ser «organizadores de la marcha». No daban crédito a la denuncia porque la lista de 40 colectivos convocantes se publicaba ese mismo día en varios periódicos. También se denunció a cada una de ellas «por ser una de las personas portadoras de pancartas». Algo «sin sentido», responden desde Atarrabia, porque «se trataba de una concentración y no estaba encabezada por ninguna pancarta y, además, se nos identificó sin haber llegado al punto de encuentro y antes del comienzo de la concentración».

 

Todos los multados optaron por pagar las sanciones, de 300 euros cada una, pero también por recurrirlas. Primero protestaron ante la Delegación del Gobierno español en Nafarroa, que no les hizo el menor caso porque los policías «se ratifican íntegramente en el contenido de la denuncia» y porque las pruebas que presentaron fueron tildadas de «no pertinentes».

 

Desde entonces, la batalla se ha trasladado a las tres salas del Contencioso-Administrativo en una lenta y tediosa cadena de juicios que aún tardarán meses en resolverse. De momento, se han emitido cuatro sentencias y todas avalan la versión policial. La última de ellas, la de la Sala Tercera, es la que les resulta más indignante a los multados.

 

El magistrado desestima el testimonio de un periodista de la agencia Efe que grabó el momento de las identificaciones y manifestó que éstas se produjeron unos veinte minutos antes de que comenzara la protesta. El juez tampoco ve relevante que el vídeo muestre que la identificación no se realizó en el lugar de la concentración.

Una pancarta... de la víspera

 

Una periodista de “Berria” afirmó en la vista que durante la concentración sólo vio «folios con algo escrito», pero nunca pancartas. La sentencia tumba las declaraciones de la testigo porque el expediente policial incluye un artículo de ‘‘Diario de Noticias’’ acompañado de una fotografía en la que «en primer plano, figura una pancarta de grandes dimensiones». Efectivamente, la pancarta que aparece en la foto es bien grande, pero la concentración a la que hace referencia el periódico se había celebrado el día anterior y estaba convocada por varios sindicatos. Basta con leer el título de esa misma noticia para dudar de que fueran los 14 jóvenes de Atarrabia fueran los organizadores: «Más de 40 asociaciones llaman a una concentración para hoy tras la prohibición de la marcha».

 

Pese a que cuentan a su favor con dos testimonios y una grabación en la que aparece su identificación en un punto distinto al de la concentración, y pese a que la argumentación del juez de la Sala Tercera contenga un fallo como el de la noticia del día anterior, el ánimo de los multados se encuentra bajo y han perdido la confianza. «Nos sentimos ciudadanos de segunda», explican varios de ellos. «Ya se han celebrado seis juicios y han fallado en contra nuestra tanto la Sala Segunda como la Tercera. La impresión que nos hemos llevado de la vista oral en la Sala Primera apunta a que tampoco atenderá nuestra alegación», afirma otro de ellos.

 

El resto de juicios irá llegando con cuentagotas. Uno se celebró ayer, en marzo llegarán dos más... y así hasta mediados de junio, cuando el tribunal atienda al último de los multados. Sin embargo, ahora es el momento crítico. Si no encuentran una forma de darle la vuelta a sus alegaciones y siguen sin conseguir que sus pruebas se acepten, comenzarán a cobrarles las costas de los juicios.