La Gazte Asanblada de Barañain denunció ayer que el Ayuntamiento ha utilizado sus cámaras de seguridad para grabar a todo aquél que entra o sale del gaztetxe. Los jóvenes pudieron comprobar con sus propios ojos cómo están siendo controlados después de que el Consistorio les remitiera un extenso dossier para convocarles a una vista oral este jueves en el que se incluían fotografías de personas entrando y saliendo del local.

En un acto de protesta, la Gazte Asanblada anunció que «ni registros ni desalojos e intentos de desalojo, ni tan siquiera los juicios lograrán coartar la voluntad de Barañain». Al parecer, la Policía no intentará desalojar el local hasta que no se falle la sentencia. Sin embargo, los jóvenes denunciaron que «la Policía Municipal, a instancias del Ayuntamiento, también realiza un estrecho seguimiento de todas las actividades que realiza el gaztetxe».

El local que utilizan los jóvenes de Barañain fue cedido por el propio Ayuntamiento para un periodo de cinco años. Ese plazo venció el 5 de agosto pasado y, desde entonces, según la Gazte Asanblada, «el Ayuntamiento mostró su interés por comenzar con el proceso de desalojo del Gaztetxe» e hizo caso omiso de las llamadas al diálogo que realizaron desde ese colectivo. El local se encuentra en la misma plaza que el Consistorio y las cámaras de videovigilancia que tiene instaladas graban las 24 horas del día lo que ocurre en el local. Entre otras cosas, los jóvenes explicaron que el Consistorio que dirige José Antonio Mendive (UPN) realiza un exhaustivo control de los horarios de apertura y cierre, y de quién es el que abre y cierra las puertas del centro autogestionado.

Según el comunicado, el equipo de gobierno se ha dado cuenta de que la vía policial no les convenía, por lo que emprendió una estrategia de «supuestos trámites administrativos legales». Los jóvenes, por su parte, sentencian que «el poder judicial al servicio del propio poder no podrá juzgar nuestras ideas».

Según la Gazte Asanblada, lo que esconde esta iniciativa es «desposeer a Barañain de su identidad, capitalizándolo y negando el derecho a la libre expresión, asociación y libertad de autogestión».