Hace apenas una semana, la Fiscalía de Gipuzkoa acusó de torturas a cuatro guardias civiles y de lesiones a otros seis. Las graves lesiones que presentaban Igor Portu y Mattin Sarasola no han podido esta vez malcubrirse, como es costumbre, con los harapos de la versión oficial, que gusta de alternar entre la autolesión y el forcejeo y resistencia durante la detención, aunque no está de más recordar que también se han dado «huidas» y «suicidios». Pero el ingreso de Igor Portu en la UCI era excesivo hasta para el forcejeo y resistencia por los que se decantó esta vez la versión oficial. Mintió Zapatero. Mintió Rubalcaba. La guardia civil mintió. Y torturó. Algo que en cualquier estado democrático hubiera supuesto un sonado escándalo y la consiguiente exigencia de investigación, esclarecimiento y petición de responsabilidades. En el español, donde las violaciones de derechos por parte del Estado reciben justificación, conformidad y parabienes, la noticia sólo ha contado con el tributo habitual de la democracia a la española al cada vez más espinoso tema de la tortura: el silencio. Un silencio absoluto, denso y compacto. Sin incómodas fisuras. Un silencio que no ha roto la indignación, ni la condena, pero menos, y eso es más significativo, la sorpresa. El silencio que alienta y apoya al torturador. El que identifica a los que callan como responsables de cada una de las sesiones de tortura. El que autoriza los golpes y la bolsa, los electrodos, los abusos, las humillaciones. El silencio que es risa, carcajada, cada vez que se invisten de la autoridad moral de la que carecen para hablar, acusar y condenar la violencia.