La OCDE pide al Gobierno reducir la protección laboral y los salarios
La OCDE considera que no existen motivos para cuestionar la solvencia financiera del Estado español, al que, no obstante, recomienda que mejore sus finanzas públicas y que proteja menos a los trabajadores fijos para fomentar nuevas contrataciones, a la vez que permita a las empresas las reducciones de salarios al margen de los convenios y le anima a acometer la reforma del sistema de pensiones.
GARA |
El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, indicó ayer que en comparación con otros países de la OCDE y de la Unión Europea el peso de la deuda del Estado español es todavía moderado, la presión fiscal es modesta y el sector financiero es solvente. Aun así aconsejó al Gobierno adoptar medidas para detener el rápido incremento de la deuda pública, poniendo el acento en las reformas para reducir los derechos de la clase trabajadora, aunque con una terminología más suavizada. Así, abogó por un mercado laboral más «dinámico» y por relajar las prestaciones que disfrutan los empleados fijos con el fin de impulsar nuevas contrataciones cuando se consolide la recuperación económica.
«Hoy, la excesiva protección de los empleos existentes conspira contra la contratación de nuevo personal», afirmó Gurría.
Así, para combatir la pérdida de competitividad de los últimos diez años, cree que la prioridad debe ser la reforma del mercado laboral y relacionó la pérdida de puestos de trabajo con el sistema de salarios, «que en España se adaptan muy lentamente a los cambios en las condiciones de las empresas».
En este sentido, consideró que la negociación salarial colectiva debería ser «más sensible a la situación particular de cada compañía» para permitir que éstas se ajusten a los cambios de la economía por la vía de los salarios en lugar de por la vía de la reducción del empleo.
Una de sus propuestas fue que una empresa pueda desvincularse de la regulación del convenio colectivo en materia de salarios. Además, apostó por vincular los sistemas de pensiones a la esperanza de vida. Con el argumento de que ésta es mayor en la actualidad, quiso quitar cualquier aspecto político a la reforma de las pensiones y presentarla como una cuestión técnica. «No es cuestión de política, ética o moral, sino de reconocer una realidad aritmética y ajustarse a ella», dijo.
Sistema de pensiones
Pese a que tras esa propuesta se encuentra el retraso de la edad de jubilación y ampliar el período para calcular las pensiones, aseguró que «no se trata de recortar derechos de los trabajadores sino de asegurar su mantenimiento en el futuro».
Gurría valoró que el Gobierno español haya planteado la reforma del sistema de pensiones e indicó que tomar la decisión hoy es una cuestión de «responsabilidad porque permitirá dar al mercado señales de hacia dónde va el futuro de España».
De hecho, para el representante de la OCDE se trata de contentar a las agencias internacionales con el fin de que mejoren la calificación crediticia del Estado español que, a su vez, podrá colocar su deuda a precios más bajos.
El presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó de «urgente» e «imprescindible» la reforma laboral y pidió que sea profunda y se acelere su puesta en práctica. Apoyó la propuesta de retrasar de 65 a 67 años la edad de jubilación, y admitió que algunas medidas «pueden exigir sacrificios».
El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, coincidió en pedir «sacrificios importantes» porque la economía española necesita «ajustes muy fuertes», y apoyó el retraso de la edad de jubilación, lamentando que «la gente se eche las manos a la cabeza» por una medida «que se sale de la tónica del mundo de los osos amorosos».
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, expresaron ayer su deseo de que el Gobierno español atienda el «clamor» de las manifestaciones en contra de su propuesta de reforma de las pensiones que ayer llevaron a cabo ambos sindicatos en diversas ciudades del Estado español. Fernández Toxo y Méndez advirtieron al Gobierno de que su propuesta de reforma de las pensiones es una «amenaza», por lo que le pidieron que la retire y que demuestre que está con la inmensa mayoría de la población. Así lo aseguraron en los discursos finales de la manifestación convocada en Madrid, en la que, según sus cálculos, participaron «más de 70.000 personas».
Toxo aseguró que van a defender «con uñas y dientes» los derechos laborales y sociales de los trabajadores, y avisó de que retrasar dos años la jubilación hasta los 67 años es «irresponsable y provocaría un deterioro serio de las pensiones». Para Méndez esta reforma «es como un trozo de carne que se pone en la nariz de los tiburones financieros». Ambos líderes sindicales señalaron que esperan que a partir de ahora el Ejecutivo «se plantee otro escenario de trabajo».
CCOO y UGT iniciaron ayer con estas manifestaciones una semana de movilización contra la reforma de las pensiones, mientras el Ejecutivo español cree que llegarán a un acuerdo con ambos sindicatos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó ayer que escuchará a los sindicatos y se mostró convencido de que se llegará a un acuerdo, porque su Gobierno «no es un Gobierno, ni lo va a ser, de decretazos». GARA
