Se cumple un año de unas elecciones autonómicas históricas. Los titulares de la primera página de GARA el 2 de marzo de 2009 ofrecen un buen resumen de lo ocurrido aquel día. «El apartheid impone un Parlamento españolista, excluye a 101.000 votantes y abre a López la puerta de Ajuria Enea», se podía leer a cinco columnas. «Con la ilegalización, el PNV gana pero puede sufrir su peor derrota», decía el que invitaba a leer el análisis central. Y, por último, en el editorial se anunciaba que «la alternativa sigue a pie de calle», lo que doce meses después está más de actualidad que nunca.

Al PSE -y se vio de nuevo en el pleno del pasado jueves- le molesta sobremanera que se cuestione la legitimidad de la mayoría unionista gobernante, pero un repaso al transcurso de la campaña y a la plasmación de la voluntad popular en las urnas ayudan a entender la acusación.

En primer lugar, se extirpó una parte del cuerpo electoral, declarando no sólo la ilicitud de las candidaturas D3M y Askatasuna, sino encarcelando además a varios de sus integrantes e impulsores. Para justificar el paso dado, fueron acusados de pertenencia a «organización terrorista», aunque a ninguno se le incautó más arma que su propio pensamiento y propaganda electoral. Como en ocasiones anteriores, la operación político-policial estuvo precedida de un trabajo de espionaje que en cualquier otro caso hubiera sido declarado inconstitucional y que dejó en evidencia que, por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado guardan durante años datos sobre determinadas personas como su asistencia a movilizaciones legales o firma de manifiestos, para después utilizarlas en su contra.

La proscripción de la izquierda abertzale era condición indispensable para posibilitar el acceso unionista a Ajuria Enea. Con una candidatura de ese ámbito en liza, por malo que pudiera ser su resultado, se convertía en matemáticamente imposible que PSE y PP sumaran mayoría absoluta de escaños.

Trampeado de raíz el terreno de juego, el segundo elemento de ilegitimidad es el del uso de la mentira en campaña por parte del actual lehendakari. Aunque resulte común que para ganar votos cualquier candidato o partido llegue a prometer más de lo que puede cumplir si resulta vencedor, en la campaña electoral de 2009 el PSE rompió la barrera de la decencia más rápido aún que con aquel «OTAN, de entrada no» de 1981. Una y otra vez, Patxi López repitió que no iba a buscar acuerdos con el PP, al que definió como «antisocialista». Pero en cuanto vio los resultados y que sus 13 escaños le posibilitaban el asalto de Ajuria Enea, no dudó un instante en tragarse su palabra. ¿Es legítimo ganar los votos prometiendo que no alcanzará acuerdos con el PP y usarlos después para pactar con el PP?

Habiendo llegado a la jornada electoral con el terreno trampeado y un discurso basado en la mentira, se dio la circunstancia de que «el cambio» y el castigo a Juan José Ibarretxe que propugnaban PSE y PP no se produjo. Los integrantes del tripartito gobernante y Aralar -partido que Ibarretxe solía adherir a su «cauce central»- obtuvieron más votos que la suma de los partidos unionistas y, además, el PNV fue, con 80.000 papeletas de diferencia sobre el PSE, el más votado. Luego, los caprichos de la Ley D'Hont (con el PSE ganando un representante en Araba a EA por 44 centésimas de voto) y el reparto igualitario de escaños por cada territorio hicieron que la mayoría popular se viera contradicha por la mayoría parlamentaria.

PSE y PP no tardaron en firmar un acuerdo para sentar a López en Ajuria Enea. Ganar la CAV para España y descabalgar al PNV del poder autonómico se había convertido en una cuestión de Estado desde que los jeltzales participaran en el Acuerdo de Lizarra-Garazi. El llamado «Pacto Antiterrorista» de diciembre de 2000 se basaba en cárcel e ilegalización contra la izquierda abertzale para gripar el motor del independentismo y castigo político al PNV para que volviera al sano regionalismo.

Por lo tanto, viendo la posibilidad real de ocupar el Gobierno de Lakua, PSOE y PP sabían que no cabían excusas, que del Ebro hacia abajo nadie les perdonaría que Juan José Ibarretxe volviera a ser lehendakari. Así que no hubo grandes exigencias para el pacto. Lo importante era cumplir la primera premisa, conquistar territorio hostil.

El PP se quedó con la presidencia del Parlamento de Gasteiz -un cargo que le da visibilidad institucional- y la categoría de socio preferente del Ejecutivo. No parece que tuviera siquiera la aspiración de entrar en el Gobierno. Con los efectos de la crisis económica golpeando diariamente, resulta más confortable ser apoyo exterior. Permite recordar su condición de socio corresponsable para lo bueno, mientras los componentes del Gobierno monocolor son los que van sufriendo el desgaste de tener que capear el temporal en tiempos tan difíciles.

Una operación que obedecía a intereses de Estado se pretendió -y se pretende aún- vender como la respuesta a un cambio social en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa incluso a costa de ir contra toda evidencia matemática. El PSE aspiraba a ganar o al menos a quedar muy cerca del PNV. Sin embargo, los jeltzales les sacaron 80.000 votos y cinco escaños de ventaja. Aún así, Patxi López sostuvo en su primera entrevista tras las elecciones que «la ciudadanía vasca ha avalado un cambio de ciclo y un nuevo tiempo. Y eso requiere un cambio de liderazgo».

La enorme maquinaria mediática con la que cuenta el unionismo se puso pronto en funcionamiento para crear una realidad virtual: la de que el nacionalismo vasco había perdido el apoyo popular, que ahora se había trasladado al tándem PSE-PP. A la práctica política del tripartito se le identificó con el conflicto, la bronca continua y la obsesión identitaria, y a la actividad de los nuevos gobernantes se le empezó a llamar «normalidad».

Y en nombre de la «normalidad» enviaron a la Ertzaintza a irrumpir a golpes en recintos festivos para retirar fotos de presos y cualquier expresión reivindicativa que no sea del gusto de Rodolfo Ares. En nombre de la «normalidad», la primera medida práctica tomada en ETB fue cambiar el mapa del tiempo (algo tan importante que se recogió explícitamente en el pacto PSE-PP) y la segunda, retransmitir el discurso de navidad del Rey de España. En nombre de la «normalidad», la representación de la mayoría sindical vasca ha sido sustituida por miembros de UGT y CCOO en todos los organismos donde han podido. En nombre de la «normalidad», Ejército y FSE han empezado a participar en actos institucionales y se han gastado miles de euros en la compra de banderas españolas de interior, exterior y sobremesa.

Dicen PSE y PP que su Gobierno ha dejado de preocuparse por cuestiones identitarias para ocuparse de lo que realmente importa a la ciudadanía, como la solución a la crisis. Y ¿qué se ha hecho en este terreno? Planes Renove y de subvenciones a distintos sectores; algo que no tiene, desde luego, ningún carácter innovador. ¿Ha habido algún cambio estratégico? Patxi López presenta como tal la puesta en marcha de la mesa de diálogo social a la que, por cierto, no acude la representación de la mayoría sindical vasca. Esta mesa se ha reunido en tres ocasiones y sus dos acuerdos conocidos son el incremento de 600 a 800 euros en las ayudas para trabajadores afectados por ERE que participen en acciones formativas, y concretar la definición de los planes de empleo por seis meses en ayuntamientos que el Gobierno ya había decidido poner en marcha.

No cabe olvidar que todo lo referente a materia fiscal está en manos de las diputaciones y los acuerdos adoptados en ese terreno han ido en la línea de, por ejemplo, eliminar el Impuesto de Patrimonio.

En materia de lucha contra el paro, la transferencia de las políticas activas de empleo se considera un elemento fundamental. En la visita que Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno español, le hizo al lehendakari, Patxi López, en setiembre, se habló de que la competencia estaría transferida para el 1 de enero de 2010. En octubre, durante las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, el PSOE llegó a un acuerdo con el PNV que condicionaba este aspecto y del que, al parecer, no informó al Gobierno de Lakua. Enero pasó y la transferencia no ha llegado. Según Patxi López, porque su negociación está siendo complicada, argumento que combina con la denuncia de un veto del PNV que, en todo caso, fue pactado con el PSOE.

Pero lo relevante de esta situación es la absoluta supeditación del Ejecutivo de Lakua a Madrid. Una y otra vez el lehendakari habla de que en las relaciones con las instituciones españolas se ha pasado de la confrontación, del todo o nada, a la colaboración. Sin embargo, lo que realmente se observa es que el Gobierno autonómico ha perdido perfil propio y se ha convertido en buena medida en una extensión del Gabinete de Zapatero. Durante la crisis por el secuestro del «Alakrana» pudo comprobarse con nitidez.

Gasteiz va perdiendo peso en la medida en que lo gana Madrid. Y esto se está percibiendo también en los propios informativos de EITB, tanto en los televisivos como en los radiofónicos. No sólo la política vasca está quedando relegada por otro tipo de noticias -a menudo sucesos-, sino que el eje está cada vez más cerca del centro de la Península Ibérica que de cualquiera de las capitales vascas.

Hay detalles que, aunque puedan parecer anecdóticos, a la postre resultan reveladores. Por ejemplo, la presentación del eslogan turístico «Euskadi Saboréala» se hizo en Madrid. La organización de aquel acto tuvo un coste de 188.132 euros, de los que el lunch se llevó nada menos que 41.250. Sin IVA.

Pero la cuestión no es sólo el precio. El problema principal es que detrás de ese lema no hay ninguna campaña prevista, ningún plan de actuación concretado. Nada. El vacío más absoluto. Así se reconoce en sendas respuestas del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo al Parlamento.

El Gobierno de PSE y PP tiene claro su eslogan: españolizar la CAV. Y también algunos trazos gruesos en materia de Interior y EITB. Lo demás se concreta a salto de mata. Pero tiene el Boletín Oficial, el presupuesto y el apoyo de los grandes medios de comunicación. Tuvo un origen ilegítimo, pero eso se diluye con el paso del tiempo. Es «el cambio». ¿Lo saboreamos?