Las Juntas de Gipuzkoa aprobaron ayer un texto, acordado por Aralar, Alternatiba, Alkarbide y PNV, en el que instan a Lakua y al Consejo de Ministros español a que traten a los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale con «la misma normalidad democrática con la que trata a otros consistorios», puesto que han sido constituidos «con total legitimidad democrática».

Además, piden a ambos gobiernos que se derogue «con carácter urgente» la Ley española de Partidos y «respeten la voluntad popular en todos los ayuntamientos de Euskal Herria».

La iniciativa, debatida ayer en sesión plenaria, contó con el apoyo de los grupos proponentes y de EB, mientras que PSE y PP la rechazaron y presentaron sus propias propuestas de resolución, que no fueron aprobadas.

En la del PP se solicitaba incluso la disolución de los ayuntamientos «gobernados por ediles de ANV», que desde la ilegalización de esta formación son «no adscritos». Por su parte, PSE instaba al Gobierno de Lakua a «seguir proponiendo ante los tribunales las acciones necesarias para cumplir con la sentencia de ilegalización».

Ander Rodríguez, juntero de Alternatiba, argumentó que «a partir de acusaciones infundadas no se pueden vulnerar derechos», y censuró que se utilicen «los aparatos represivos contra el adversario político».

Rebeka Ubera (Aralar) recordó que las listas de ANV se formaron con personas «dueñas de todos sus derechos civiles y políticos y pasaron el filtro» de la ley, y Josean Rekondo (Hamaikabat) rechazó una disolución «arbitraria y a la carta» de los ayuntamientos.

Por su parte, Maribel Vaquero (PNV) afirmó que la Ley de Partidos «repercute directamente en los derechos de los ciudadanos y los recortan», y Mikel Izagirre (EB) mostró su rechazo a esta ley porque «criminaliza propuestas políticas».