Un centenar de personas, en representación de los 2.085 ciudadanos y cientos de organizaciones sociales, políticas, sindicales y vecinales que han rubricado el documento, reivindicó ayer ante el Consistorio bilbaino «una ciudad integradora con aquellos sectores de la población más excluidos». Lo curioso del caso es que entre los firmantes se encuentran PSE y EB, cuyos grupos municipales junto a los de PNV y PP respaldaron el 25 de noviembre un comunicado en contra de la apertura del centro de día de baja exigencia Onartu en el barrio de Txurdinaga.

La profunda preocupación generada en los últimos años por el rechazo vecinal a la ubicación de determinados servicios para personas en situación de exclusión social -el último con Onartu, de Bizitegi- les anima a defender que es «prioritario» que estas infraestructuras asistenciales existen allá donde sean necesarias. «Una sociedad que sabe detectar los problemas que ella misma genera y que sabe dar respuestas a ellos positivamente, es una sociedad más respetuosa y más habitable para todas las personas que la conforman», declaró el profesor universitario Alfonso Dubois.

Ahondando en ello, Josetxu González, presidente de la Red de Economía Alternativa y Solidario de Euskadi (REAS), abogó porque todos los ciudadanos se muestren dispuestos a acoger estos equipamientos, «desde los valores propios de la solidaridad, la corresponsabilidad social y el respeto a los derechos de los otros y otras. De esta manera -subrayó- estaremos construyendo un barrio y una ciudad cada vez más justa e integradora».

Dubois resaltó la responsabilidad de las instituciones públicas en proveer de recursos sociales precisos para cubrir las necesidades básicas de los colectivos más desfavorecidos, sin olvidar el papel que debe jugar la sociedad civil.

Frente a las presiones de grupos vecinales que se oponen para defender intereses particulares, amparados en ocasiones en la «inhibición» de las administraciones, González manifestó que «la apertura o el cierre de recursos y centros sociales, así como la política social de un ayuntamiento en materia de bienestar social, tiene que depender de la planificación eficaz y de la razón sosegada y no de estados coyunturales que puedan ser instrumentalizados para crear alarma social».

ONG «imprescindibles»

Además, los firmantes del documento destacan el papel que juegan las organizaciones sociales no lucrativas, a las que definen como «herramientas imprescindibles de las que la propia ciudadanía se ha dotado, no ya para atender o prestar solamente un determinado servicio, sino para construir un tejido social más cohesionado». Se trata, por tanto, de promover el trabajo conjunto entre instituciones, asociaciones y ciudadanos para promover la inclusión social y la construcción de una cultura solidaria.

La presentación del manifiesto, tal y como señaló Juan Ibarretxe, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi (EAPN), permitió percibir el «alto grado de pluralidad» que ha concitado. Así, junto a miembros de organismos sociales y personas que reciben el apoyo de los proyectos impulsados por éstos, se pudo ver al portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Bilbo, Txema Oleaga; Arantza Urkaregi y Borja Sarrionandia-Ibarra, de la izquierda abertzale; Jon Sustatxa, de EB; Josu Murgia, de Aralar; y a Oscar Matute, de Alternatiba.