El jurado del Tribunal Russell sobre Palestina censuró ayer la «complicidad» europea con los crímenes de Israel contra el pueblo palestino e instó a la Unión Europea a que «imponga las sanciones diplomáticas, comerciales y culturales necesarias para poner fin a la impunidad» con la que el Estado sionista «actúa desde hace décadas». La primera sesión de la corte popular se cerró ayer en Barcelona y su próxima cita será en el mes de octubre en Londres.

«La UE no es autora directa» de las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel, «pero niega igualmente estos derechos al no tomar medidas» para evitar los crímenes del Estado sionista. Ésta es, en palabras de la premio Nobel de la Paz, Máiread Corrigan-Maguire, una de las conclusiones que se extraen del informe presentado ayer en Barcelona por el Tribunal Russell, que analiza las agresiones de Tel Aviv contra el pueblo palestino y la complicidad europea con las violaciones de la legalidad internacional. «Instamos a la Unión Europea a imponer a Israel las sanciones necesarias para acabar con la impunidad de la que ha disfrutado durante décadas», añadió el ex ministro sudafricano Ronald Kasrils.

«Ha habido un crimen de silencio y no lo soportamos más», denunció la premio Nobel irlandesa. «Esto no es sólo un discurso, sino que se basa en hechos precisos y responsabilidades jurídicas concretas» añadió Stéphane Hessel, el último superviviente de los redactores de la Declaración de los Derechos Hunanos y que ejerció como presidente honorífico.

El fallo del Tribunal, que no tiene consecuencias jurídicas, acusa a la UE de «complicidad» con Israel en los crímenes cometidos por el Estado sionista contra el pueblo palestino. La primera de sus recomendaciones es la de implementar la resolución del Parlamento europeo para «suspender los acuerdos de asociación preferentes» que mantiene Europa con Tel Aviv, ya que el Estado sionista ha incumplido reiteradamente el punto del tratado que le obliga a respetar la legalidad internacional en materia de derechos humanos. Pero los miembros del jurado fueron más allá, e instaron a los responsables comunitarios a «hacer efectivas» las leyes de jurisdicción universal con el fin de perseguir a aquellas personas acusadas de crímenes de guerra.

En este sentido, advierten a los estados europeos de que «no realicen cambios regresivos» en esta legislación, que ha provocado que diferentes líderes políticos y militares israelíes eviten viajar a determinados países como Gran Bretaña o el Estado español por miedo a ser detenidos. «Asegúrense de que la UE no se convierte en un lugar seguro para los criminales de guerra», insistieron los miembros del Tribunal.

«Israel quiere cambiar las reglas del juego y eso no se puede aceptar», aseguró el abogado Michael Mansfield, quien denunció que «desde hace cinco años en Gaza se dispara a todo lo que se mueve» y censuró que haya «ministros que consideran aceptable» este tipo de agresiones.

Asimismo, el Tribunal Russell se suma a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel (BDS) lanzada en 2005 por la sociedad civil palestina y que toma el ejemplo de la lucha de Sudáfrica contra el apartheid para generar una presión internacional que ponga fin a las continuas agresiones israelíes contra los palestinos.

Entre los hechos juzgados por el Tribunal se encuentran la venta a Israel de material armamentístico que posteriormente fue utilizado durante la operación «Plomo Fundido», que costó la vida a 1.412 palestinos o el silencio europeo ante la destrucción de infraestructuras en Gaza y Cisjordania a pesar de que éstas fueron sufragadas con fondos de la UE. La resolución también rechaza la importación de productos facturados en las colonias sionistas o la «tolerancia» de las instituciones comunitarias con los acuerdos entre empresas europeas y la administración israelí sobre proyectos económicos desarrollados en los territorios ocupados.

«Es necesario ir más allá de las declaraciones de condena», indica la sentencia, que recuerda que Tel Aviv ha violado reiteradamente la legislación internacional con la anexión de Jerusalén en 1981, la construcción del muro en Cisjordania, declarado ilegal por el Tribunal Penal Internacional en 2004, los «asesinatos selectivos» o la puesta en marcha de una política de apartheid con el bloqueo a Gaza y la discriminación sistemática de la población palestina.

Durante los tres días en los que se alargaron las sesiones, tres sillas vacías representaron a los acusados: Israel, la Comisión Europea y sus estados miembros. No obstante, el ex senador belga Pierre Galand explicó que tanto la Comisión como los diferentes gobiernos fueron informados sobre los trabajos del Tribunal y declaró que José Manuel Durao Barroso envió una carta a asegurando que «sigue con atención» sus trabajos.