El que contamina paga. El que usa paga. Este es uno de los principios fundamentales a los que han apelado tanto los responsables de la Diputación de Gipuzkoa como los partidos políticos representados en las Juntas Generales para imponer a los y las transportistas un peaje por transitar las vías principales de la provincia. La filosofía de los responsables políticos, en consonancia con las políticas europeas más neoliberales que a día de hoy se están aplicando, presuponen que el único responsable del coste social y medioambiental que genera el tránsito de miles de toneladas de mercancías por la provincia es el transportista efectivo, el profesional, el trabajador que realiza el trabajo de trasladar las mercancías de un lugar a otro. Para las Juntas Generales de Gipuzkoa el que usa es el transportista, el que contamina es el transportista, y el que debe pagar es el transportista.

Esta cortedad de miras es difícil de entender en partidos que se dicen de izquierdas y que se han sumado sin reparos al discurso oficial, partidos que además no se han preocupado en absoluto por conocer la opinión que sobre este asunto tienen la mayoría de los pequeños transportistas autónomos vascos y guipuzcoanos, y organizaciones sindicales como HIRU, que representan a cientos de ellos. Será que, cuando realmente de lo que se trata es de recaudar, todos se ponen de acuerdo y se plantan el disfraz «verde» sin ningún complejo.

El que contamina paga. El que usa paga. De acuerdo. Estamos de acuerdo. El tráfico de mercancías y de productos genera un coste social y medioambiental inasumible (deterioro de las actuales carreteras, y necesidad de construir nuevas vías, contaminación, cambio climático, etc.), y este coste lo paga toda la sociedad a escote. ¿Por qué? Pues precisamente porque la Unión Europea está sustentada sobre un modelo económico que tiene como eje fundamental el libre y constante tránsito de mercancías, y mantener ese modelo económico exige no computar a los verdaderos responsables los costes externos que su movimiento de mercancías genera.

Si un producto terminado tiene que ser ensamblado en diferentes plantas en Europa es porque el fabricante así lo ha decidido para ahorrarse costos sociales, laborales, etc. y obtener mayores beneficios económicos, y porque toda la legislación y ayudas europeas están de su parte. La deslocalización (internacionalización le llaman ahora) tiene unos costes asociados en transporte, ya que normalmente el consumo del producto se realiza precisamente donde antes se producía, y ese coste, que a día de hoy asume toda la sociedad, incluidos los y las transportistas, no se imputa a la empresa generadora del movimiento.

Por tanto, estamos de acuerdo: el que contamina paga. El que usa paga. Es más, el que conscientemente ha decidido contaminar, el que ha decidido usar las carreteras, el mar y el aire para obtener multimillonarios beneficios a costa de sepultarnos a todos y a todas bajo toneladas de hormigón y humo, debe pagar los costes que provoca. El fabricante debe asumir el coste del movimiento de su mercancía, y habrá que gravar la mercancía tantas veces como el número de viajes de transporte que tenga que realizar.

Sin embargo, imputar los costes al que genera el tráfico de mercancías, y por ende a las mercancías, supondría echar por tierra una de las «libertades» fundamentales sobre las que se sustenta la Unión Europea, como es la libre circulación de mercancías. Y, como no interesa cambiar el modelo, los gobiernos europeos han decidido apuntar al transportista como responsable único de los costes externos que genera el tráfico de mercancías, y han inventado toda un serie de hipócritas argumentos para ocultar que son sus políticas las que verdaderamente generan unos costes sociales y medioambientales totalmente insostenibles

El peaje que pretenden imponer la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa va en ese mismo sentido. No hablan sobre el origen y el destino de las miles de toneladas de mercancías que pasan por Gipuzkoa, sobre quiénes son los propietarios de esas mercancías, sobre si esas mercancías han pagado algún impuesto o tasa por circular en la provincia, de cuánto están pagando al transportista por llevar la mercancía, de las condiciones laborales en las que está desarrollando su trabajo, sino que airean estadísticas sobre los miles de camiones que circulan a diario por la provincia, de lo mucho que molestan y de lo mucho que contaminan. Curioso.

Además, se oculta una serie de cuestiones tales como que a día de hoy el transportista paga más costes por el transporte y por las infraestructuras que utiliza que quien verdaderamente genera el tráfico de mercancías y obtiene multimillonarios beneficios por ello. Además, el transportista autónomo paga con creces todos los posibles costes externos que pudieran achacársele, soportando una elevada fiscalidad. Así, por ejemplo, por el impuesto de hidrocarburos, que también pagan los transportistas extranjeros en Gipuzkoa, la Hacienda estatal recauda anualmente casi 10.000 millones de euros en todo el Estado, de los que las haciendas vascas se quedan una buena parte. El impuesto de hidrocarburos es, además, un impuesto indirecto que paga lo mismo el transportista autónomo de un camión que una multinacional con miles de camiones, con lo que en este caso, como en el caso de los peajes, el que más contamina menos paga.

En definitiva, la política de peajes europea y, ahora, guipuzcoana es injusta, es antisocial, es reaccionaria y, además, no soluciona ninguno de los graves problemas que acarrea el movimiento de millones de toneladas de mercancías en Europa, sino que los enmascara. Gipuzkoa busca un culpable y lo encuentra: el transportista, y oculta que las mercancías no son nuestras, que nosotros y nosotras sólo las transportamos, y que los grandes beneficiados del movimiento de las mercancías son otros, ésos a los que nadie quiere hacer pagar por nada.

Dice la Diputación de Gipuzkoa que el que contamina va a pagar y el que usa va a pagar. Muy bien. Esperamos que así sea.