El Estado alemán pretende darle una hermana al Gran Hermano
La Corte Constitucional ha declarado inconstitucional el almacenamiento de datos de comunicación. Ahora tiene que decidir sobre Elena, el polémico banco de datos de los trabajadores. Los socios de Gobierno no se ponen de acuerdo sobre cómo deben reaccionar ante el fallo del más alto tribunal. Asociaciones y defensores de derechos civiles anuncian más protestas y nuevos pasos legales.
Ingo NIEBEL
La Corte Federal Constitucional de Alemania hizo historia el pasado martes al declarar anticonstitucional la Ley de Almacenamiento de todos los Datos de Comunicación contra la que habían interpuesto una denuncia nada menos que 35.000 ciudadanos. El fallo supone una victoria parcial de los defensores de los derechos civiles en Alemania, que desde los atentados del 11-S en 2001 han observado cómo el Estado extendía cada vez más su control sobre la ciudadanía. Sin embargo, ésta es sólo una batalla ganada en una guerra que está lejos de terminar.
Los jueces del más alto tribunal resolvieron que esta ley es anticonstitucional y que los proveedores de Internet y de telefonía fija y móvil tienen que borrar todos los datos de comunicación almacenados desde 2008. La ley les obligaba a almacenar durante seis meses todos los datos de comunicación, es decir todo lo referente a las llamadas realizadas o recibidas por teléfono fijo o móvil, las conexiones a Internet y el envío de mensajes electrónicos. Sólo en el caso de Deutsche Telekom, la cantidad de datos archivados ascendía a 19 terabytes.
El Gobierno de Angela Merkel argumentó en su día que las fuerzas de seguridad del Estado alemán necesitaban estos datos -sin que mediara sospecha- para la lucha «antiterrorista» y contra la delincuencia común.
La Corte Constitucional limita el acceso a estos datos sólo a casos graves de delincuencia, como son asesinato, pornografía infantil y alta traición. Además, en su resolución señala que el Estado deja esta inmensa cantidad de datos en manos de terceros sin control alguno. En el pasado, se han dado casos de venta, desde compañías telefónicas, de datos sensibles de clientes. Esos datos permiten reconstruir los movimientos de un ciudadano así como detectar sus preferencias, sin contar con su consentimiento para la elaboración de dicho perfil.
En varias sentencias anteriores la Corte «ya había criticado duramente que gobiernos y parlamentos sacrificaran los inalienables derechos civiles fundamentales, la dignidad de la persona y su vida privada por una supuesta seguridad», señala el abogado y vicepresidente de la Liga Internacional de los Derechos Humanos, Rolf Gössner.
Nuevo banco de datos
No obstante, el Tribunal Constitucional no cuestiona el decreto 2006/24/EG de la Unión Europea (UE) que obliga a cada estado miembro a crear una ley de almacenamiento de datos y las estructuras necesarias para ponerla en práctica.
Los críticos de esta ley han anunciado que ahora quieren tumbar este decreto. Pero, además, tiene otro objetivo: el nuevo banco de datos Elena.
Detrás de este inofensivo nombre se esconde un sistema en que figurarán unas 41 categorías de datos relativos a la vida laboral de un trabajador, que serán facilitados por las empresas. El Estado argumenta que así le saldrá más fácil y barato calcular el desempleo, la jubilación u otras prestaciones públicas.
Los enemigos de Elena la consideran como la hermana del Gran Hermano, porque se archivarán no sólo los datos relativos a los días en los que el empleado faltó por enfermedad sino también si participó huelgas y si éstas eran legales o no.
Aquí se abre otro frente de lucha contra el control social y en favor de la soberanía informativa. Ésta viene avalada por la Corte Constitucional, que concede a cada ciudadano el derecho a decidir sobre qué informaciones quiere dar a conocer y a quién.
Para la coalición de la canciller Merkel el fallo de Constitucional supone un doble problema, porque veta una ley elaborada por su anterior Gobierno y porque enfrenta a su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), con su socio del bipartito, el Partido Liberal Democrático (FDP).
Su ministro de Interior, Thomas de Maizière, quiere retocar el texto cuanto antes. En cambio, la ministra de Justicia, Sabine Leutheuser-Schnarrenberger (FDP), se mostró «muy contenta» por la sentencia, ya que era una de los 35.000 querellantes. Este asunto agrava un tanto más el ya enrarecido ambiente en el Ejecutivo, marcado por los continuos ataques entre los socios.
Desde ámbitos policiales también se lamenta la sentencia.
La Audiencia Provincial de Düsseldorf condenó ayer a cuatro integrantes de una supuesta «célula islamista» a penas de entre cinco y doce años de cárcel por «integración y colaboración con una organización terrorista extranjera». El proceso se aceleró debido a las autoinculpaciones de los acusados y a que no se investigaron sus vínculos con servicios secretos como la CIA y el MIT turco. El grupo, compuesto por varios jóvenes veintiañeros, entre ellos dos alemanes convertidos al Islam, pretendía, según el fallo, cometer varios atentados con coche bomba contra instalaciones militares de EEUU en Alemania para conseguir que Washington y Berlín retiraran a sus tropas de Afganistán.
Sus detalladas autoinculpaciones evitaron que el tribunal tuviera que posicionarse sobre la tortura y el papel de los servicios de inteligencia. Dado que los acusados admitieron haber estado en un campo de entrenamiento de la Unión Islamista Yihadista (IJU) en Uzbekistán, la Fiscalía Federal no tuvo que recurrir al testimonio que un quinto activista detenido realizó, posiblemente bajo tortura, en aquel país. Así los jueces no debieron posicionarse al respecto.
El tribunal tampoco aclaró la procedencia de los detonadores. Su proveedor era un ciudadano turco que trabajaba tanto para la CIA como para la inteligencia militar turca, el MIT.
El punto final al asunto lo puso ayer el diario conservador alemán «Die Welt», cuyos redactores tienen que prometer respeto a EEUU, al publicar en su web que las fuerzas de seguridad alemanas sólo se enterraron de la existencia de la célula gracias a una información recibida de la CIA. I.N.
