Desde que la Diputación de Gipuzkoa abriera en Deba, hace ahora un año, el centro de acogida de menores extranjeros no tutelados Oilur, no han cesado las denuncias que ponían en duda las metodologías empleadas para educar a los menores que habían sido destinados al centro por la propia Administración. Actualmente, coincidiendo con el primer aniversario de Oilur, y con el cierre temporal del centro «por reformas», -según anunció la Diputación-, SOS Racismo hizo público ayer en Donostia un informe dando cuenta de la situación y de la realidad mediante los testimonios de veintiséis menores y de varios educadores que han trabajado con ellos.

«Menores en riesgo. Centro de Deba, prácticas excepcionales» es el nombre de la publicación, y pone de manifiesto la preocupación por el trato que han recibido los menores no tutelados durante su estancia en Oilur.

Tres derechos fundamentales

Tal y como anunció Anna Stern, responsable del área de menores de la asociación, se han violado varios derechos fundamentales, y en este apartado, según ella, cabe destacar el derecho a la educación: «Ésto no se limita sólo a que los menores hagan actividades en el centro, que tengan huerta, o que tras levantarse hagan la cama todos los días», y matizó que «es el derecho al acceso a una educación reglada: que sirva de catapulta al futuro y que obtengan un título que les permita una inserción socio laboral eficaz y real».

El informe también recoge el derecho al trato digno, un aspecto muy complejo, según indicó. En él se denuncia la falta de intervención terapéutica en los casos de los menores que tenían hábitos de consumo, así como la falta de acceso a las actividades de ocio. Pero, sobre todo, subrayaron la prohibición que pesaba sobre los menores de no recibir visitas. «Todo ésto, además, se ha agudizado en el caso de las niñas -apuntó-, ya que Oilur está mejor adaptado para los chicos». Las niñas, a diferencia de los niños, no contaban con una educadora de su mismo sexo, ni orientación concreta dirigida a ellas. «En un centro donde la mayoría son niños, y algunos conflictivos, las chicas estaban más expuestas a cualquier tipo de violencia», apostilló Peio Aierbe, miembro también de SOS Racismo.

En tercer lugar destacaron la violación del derecho a la documentación, y ésta es, según Stern, «el único aspecto que diferencia la actuación entre menores autóctonos y los menores extranjeros». «Los menores extranjeros cuando llegan a la edad adulta -prosiguió-, son requeridos de un permiso de residencia y de trabajo para poder permanecer aquí y continuar con su vida». Así pasan a ser, en palabras de Stern, de ser menores en «protección», a ser extranjeros indocumentados. Dos de los chicos de Oilur consiguieron la documentación mediante el Defensor, y otros dos mediante una sentencia judicial.

No caer en los mismo errores

En opinión de Aierbe, el error ha sido que la aplicación de este programa se ha hecho desde un punto de vista «criminalizador y problemático» de los menores: «Llevábamos meses exigiendo la modificación de las metodologías que se estaban llevando a cabo en Oilur», y añadió que, «un centro que no garantice el respeto a los derechos, está condenado al conflicto».

«Ante todo son menores en riesgo y la respuesta a estos perfiles no pasa por el control y el aislamiento tras la valla, sino por una intervención educativa», concluyó.