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Alertan que en Deba se vulneran derechos de menores extranjeros

Un año después de que el centro de menores extranjeros no tutelados Oilur de Deba abriera sus puertas, SOS Racismo ha hecho público un informe en el que se cuestionan las metodologías empleadas por la Administración para la educación de los niños y niñas. Denuncian la violación de derechos fundamentales, tales como el de la educación o la documentación. Recuerdan que, ante todo, son menores en situación de desamparo que necesitan ser escuchados.

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Oihane LARRETXEA

Desde que la Diputación de Gipuzkoa abriera en Deba, hace ahora un año, el centro de acogida de menores extranjeros no tutelados Oilur, no han cesado las denuncias que ponían en duda las metodologías empleadas para educar a los menores que habían sido destinados al centro por la propia Administración. Actualmente, coincidiendo con el primer aniversario de Oilur, y con el cierre temporal del centro «por reformas», -según anunció la Diputación-, SOS Racismo hizo público ayer en Donostia un informe dando cuenta de la situación y de la realidad mediante los testimonios de veintiséis menores y de varios educadores que han trabajado con ellos.

«Menores en riesgo. Centro de Deba, prácticas excepcionales» es el nombre de la publicación, y pone de manifiesto la preocupación por el trato que han recibido los menores no tutelados durante su estancia en Oilur.

Tres derechos fundamentales

Tal y como anunció Anna Stern, responsable del área de menores de la asociación, se han violado varios derechos fundamentales, y en este apartado, según ella, cabe destacar el derecho a la educación: «Ésto no se limita sólo a que los menores hagan actividades en el centro, que tengan huerta, o que tras levantarse hagan la cama todos los días», y matizó que «es el derecho al acceso a una educación reglada: que sirva de catapulta al futuro y que obtengan un título que les permita una inserción socio laboral eficaz y real».

El informe también recoge el derecho al trato digno, un aspecto muy complejo, según indicó. En él se denuncia la falta de intervención terapéutica en los casos de los menores que tenían hábitos de consumo, así como la falta de acceso a las actividades de ocio. Pero, sobre todo, subrayaron la prohibición que pesaba sobre los menores de no recibir visitas. «Todo ésto, además, se ha agudizado en el caso de las niñas -apuntó-, ya que Oilur está mejor adaptado para los chicos». Las niñas, a diferencia de los niños, no contaban con una educadora de su mismo sexo, ni orientación concreta dirigida a ellas. «En un centro donde la mayoría son niños, y algunos conflictivos, las chicas estaban más expuestas a cualquier tipo de violencia», apostilló Peio Aierbe, miembro también de SOS Racismo.

En tercer lugar destacaron la violación del derecho a la documentación, y ésta es, según Stern, «el único aspecto que diferencia la actuación entre menores autóctonos y los menores extranjeros». «Los menores extranjeros cuando llegan a la edad adulta -prosiguió-, son requeridos de un permiso de residencia y de trabajo para poder permanecer aquí y continuar con su vida». Así pasan a ser, en palabras de Stern, de ser menores en «protección», a ser extranjeros indocumentados. Dos de los chicos de Oilur consiguieron la documentación mediante el Defensor, y otros dos mediante una sentencia judicial.

No caer en los mismo errores

En opinión de Aierbe, el error ha sido que la aplicación de este programa se ha hecho desde un punto de vista «criminalizador y problemático» de los menores: «Llevábamos meses exigiendo la modificación de las metodologías que se estaban llevando a cabo en Oilur», y añadió que, «un centro que no garantice el respeto a los derechos, está condenado al conflicto».

«Ante todo son menores en riesgo y la respuesta a estos perfiles no pasa por el control y el aislamiento tras la valla, sino por una intervención educativa», concluyó.

valla

Desde SOS Racismo denunciaron que el centro Oilur esté rodeado por una valla: «Este hecho resalta de manera clara que la intervención está basada en el control y la punición; y no en la educación, que es lo que venimos reclamando».

por la integración

Los ayuntamientos de Bilbo y Gasteiz han recibido ayudas de 23.000 y 80.000 euros, respectivamente, destinados a programas de integración de los inmigrantes. Se dedicarán de manera especial a las zonas con alto índice de personas extranjeras. Entre otras cosas promoverá la integración ciudadana, además de prevenir las conductas xenófobas.

Manifiesto en contra de las «detenciones preventivas»

Más de 140 organizaciones de defensa de los derechos humanos y contra la discriminación, han hecho público un manifiesto en el que denuncian la «ilegalidad de la circular secreta 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras». Según los firmantes, en dicho circular se insta a los policías a realizar «detenciones preventivas» de las personas sin documentación. Denuncian que mediante este procedimiento se expulsa a los detenidos interceptados en la vía pública sin obedecer a la recién aprobada reforma de la Ley de Extranjería, habiendo presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y ante el Ministerio de Justicia.

En el manifiesto han recogido que «el derecho a la libertad sólo puede ser restringido en caso de previsión legal expresa», y que éste «es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona del que gozan en igualdad de condiciones los nacionales y los extranjeros». Por último, los firmantes han mostrado su preocupación con el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbo: «Denunciamos la arbitrariedad a la hora de seleccionar los ciudadanos a identificar en virtud de rasgos étnicos o raciales». GARA

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